La jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, enfrenta tres pedidos de juicio político en el Senado bonaerense, luego de haber suspendido por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Las presentaciones fueron realizadas por supuesto “mal desempeño en sus funciones” y se conocieron cuatro días después de la resolución cautelar.
Los pedidos fueron ingresados en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y llevan las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
La resolución que suspendió el Régimen Penal Juvenil
La medida cautelar fue dictada en el marco de la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo” y ordenó suspender preventivamente la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio bonaerense.
En su resolución, Pascual también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la que funcionarios provinciales de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
La normativa había sido sancionada en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional y establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El nuevo esquema contemplaba además un período de 180 días de transición antes de su entrada en vigencia, con el objetivo de que las distintas jurisdicciones pudieran adecuar sus estructuras penitenciarias para alojar a adolescentes.
Una vez cumplido ese plazo, la jueza dictó la medida cautelar que frenó la aplicación de la ley en territorio bonaerense. Tras conocerse la resolución, desde el oficialismo y distintos sectores políticos cercanos al Gobierno nacional apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof.
La denuncia penal contra la magistrada
La presentación de los tres pedidos de juicio político se suma a una denuncia penal realizada el miércoles pasado por la ONG Usina de la Justicia, que acusó a Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”.
La organización también solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que derivó en la suspensión de la normativa.
Para la ONG, la decisión de la magistrada es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y representa una violación de la división de poderes, debido a que la jueza suspendió una norma sancionada por el Congreso Nacional.
Además, Usina de la Justicia cuestionó que la resolución se haya basado en “una hipótesis de futuro”, al considerar que Pascual habría supuesto un posible aumento de adolescentes detenidos y eventuales dificultades para alojarlos.
Fuente: Medios
