El Gobierno de Neuquén concretó el despido de otros cinco empleados públicos y elevó a 13 la cantidad de agentes expulsados en una semana, según las resoluciones difundidas por el Ejecutivo provincial. Las medidas alcanzaron a trabajadores de distintas áreas y se fundamentaron en un caso de estafa y en reiteradas inasistencias injustificadas.
Los nuevos cesanteados se suman a los siete agentes desvinculados el lunes y a una exempleada del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) que también había sido separada de su cargo por una investigación relacionada con el manejo de fondos del organismo.
Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, el Ejecutivo sostiene una política de mayor control sobre el cumplimiento de las obligaciones del personal estatal y ha impulsado sanciones contra empleados que, según las investigaciones administrativas, incurrieron en faltas graves, abandono de funciones o conductas incompatibles con el desempeño de un cargo público.
Un empleado del CPE fue exonerado por una causa de estafa
Uno de los casos más graves corresponde a Martín Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como empleado administrativo del Distrito Escolar V, con sede en Chos Malal.
El Poder Ejecutivo convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) que dispuso su exoneración. Según el expediente administrativo, entre mayo y septiembre de 2024 habría realizado transferencias, pagos de servicios y compras utilizando la cuenta bancaria de una autoridad del organismo.
La investigación también determinó que habría solicitado dos tarjetas de crédito a nombre de esa persona. Según consta en el expediente, el trámite quedó comprometido porque indicó su propio domicilio para recibir los plásticos.
El caso llegó además al ámbito penal. En agosto de 2025, Martínez accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba en una causa por estafa.
La resolución administrativa señaló que la gravedad de los hechos había sido considerada también en sede penal y sostuvo que la conducta resultaba incompatible con las obligaciones vinculadas al desempeño de la función pública.
Tres agentes fueron cesanteados por abandono de cargo
Otros de los casos resueltos esta semana estuvieron relacionados con inasistencias injustificadas y abandono de cargo. Una de las sancionadas fue Carina María de Luján Miñana, quien pertenecía a la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
De acuerdo con los auditores, la agente se ausentó sin justificación durante un período comprendido entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024, situación que derivó en su cesantía.
También fue separado de su puesto Gonzalo Agustín Pinilla, empleado de la misma subsecretaría. El expediente estableció inasistencias injustificadas durante enero y en distintas jornadas de febrero de 2024.
En ambos casos, la administración recordó que el personal debe cumplir con la prestación del servicio en las condiciones y horarios establecidos por la normativa vigente.
Otras dos cesantías por inasistencias
Entre las cinco nuevas desvinculaciones también figura Patricia Elizabeth Zapata, quien integraba la planta permanente de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
Según la resolución, se le comprobaron inasistencias injustificadas y continuas entre el 1 de marzo y el 17 de mayo de 2024, lo que fue considerado abandono de cargo. El expediente señala además que la agente no se presentó a ejercer su derecho de defensa cuando fue citada.
El quinto caso corresponde a Luciano Andrés Zupanovich, empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. En su situación, la administración provincial determinó ausencias injustificadas durante días laborables comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.
También investigan si hubo sueldos cobrados por días no trabajados
Además de las sanciones, el Gobierno dispuso en estos casos que se determine si alguno de los agentes cobró salarios correspondientes a jornadas que no trabajó.
Si se comprueba esa situación, deberán devolver los montos percibidos. En caso de que no restituyan el dinero voluntariamente, el Ejecutivo prevé recurrir a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales correspondientes.
Con estas cinco nuevas medidas, el Gobierno provincial busca profundizar su política de control sobre el empleo público y el cumplimiento de las obligaciones laborales, mientras las resoluciones continúan generando repercusiones en distintos organismos de la administración neuquina.
Fuente: Medios.
