La Fiscalía de Delitos Económicos realizó una inspección ocular y un relevamiento técnico en un predio de 50 hectáreas denominado loteo “La Meseta”, ubicado en el Lote 26 rural, en la zona de la barda norte de Neuquén. La medida forma parte de una investigación por presuntas estafas vinculadas con la comercialización de parcelas.
El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal Rocío Rivero y contó con la utilización de drones para realizar tareas de fijación aerofotogramétrica y planimétrica del terreno. También participaron abogados querellantes y su perito de parte, el licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental Roberto Daniel Nordenström, quien presentó las conclusiones de la pericia incorporada al expediente.
La causa tiene como imputados a Jorge Salas, Roxana Huincaman y Beatriz Lebrero, a quienes la querella atribuye presuntas estafas reiteradas relacionadas con la venta de terrenos.
Según plantearon los representantes de los damnificados, el relevamiento y el informe pericial permitirían sostener que el emprendimiento presenta una “total inviabilidad técnica, jurídica y ambiental”. Se trata de una conclusión de la querella que deberá ser evaluada por la Justicia junto con el resto de las pruebas reunidas.
Los cuestionamientos por la falta de servicios
Uno de los principales puntos señalados está relacionado con la infraestructura necesaria para transformar las parcelas en terrenos habitables. De acuerdo con la querella, el predio no cuenta con redes troncales de agua potable ni desagües cloacales, y tampoco dispone de infraestructura de energía eléctrica, gas natural, cordón cuneta ni una conectividad vial considerada segura.
El informe presentado sostiene que la incorporación de estos servicios requeriría obras de infraestructura de alto costo y que su ejecución no podría ser afrontada de manera autónoma por la cooperativa involucrada.
Estas condiciones son parte de los aspectos que se investigan para determinar cómo fueron ofrecidos los terrenos, qué información recibieron los compradores y cuáles eran las posibilidades reales de urbanizar el sector.
También cuestionan la situación de las tierras
La querella planteó además objeciones vinculadas con la situación dominial y catastral de las parcelas.
Según su presentación, los terrenos habrían sido comercializados mediante cesiones precarias de ocupación y derechos de pastoreo, sin que existiera un título traslativo de dominio perfecto inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble.
También se cuestionó la existencia de un anteproyecto y de un plano de mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro o por el municipio.
Estos elementos serán incorporados al análisis judicial para establecer las condiciones en las que se concretaron las operaciones y si existen responsabilidades penales.
La querella busca que la causa llegue a juicio
La inspección se suma a la documentación y las pericias que ya forman parte del expediente. Además, los representantes de los denunciantes solicitaron a juzgados civiles que remitan los contratos originales vinculados con las operaciones de compraventa.
Con estos elementos, la querella sostiene que la investigación avanza hacia la conformación del plexo probatorio necesario para llevar el caso a juicio.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que determine, a partir del conjunto de las pruebas, si existieron delitos y qué responsabilidades corresponden a los imputados.
Fuente: Medios
