La Justicia investiga una presunta maniobra con vehículos secuestrados que debían ser compactados y que, según la principal hipótesis, habrían terminado desarmados y con sus autopartes en venta. El expediente ya derivó en siete allanamientos, durante los cuales se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación.
La investigación está a cargo del fiscal Diego Azcarate, de la Fiscalía de Asignación de Casos, y comenzó con procedimientos en distintos desarmaderos de Centenario que, en principio, funcionarían de manera legal.
Sin embargo, las sospechas no están centradas inicialmente en esos comercios. La pesquisa apunta a tres domicilios particulares y a la posible participación de integrantes de la División Tránsito de la Policía de Neuquén. Además, Asuntos Internos de la Policía provincial inició actuaciones para determinar si existieron irregularidades o algún grado de participación de los efectivos que aparecen bajo investigación.
De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, la investigación se concentra por ahora en tres personas: dos policías de la División Tránsito y un comerciante dedicado a la compactación de vehículos.
La principal hipótesis sostiene que, detrás de una actividad que en principio tenía un destino legal (retirar automóviles para enviarlos a compactación), podría haberse desarrollado una maniobra para sacar los vehículos del predio y derivar sus partes al circuito de comercialización de autopartes.
El punto de partida de la pesquisa se encuentra en el predio de la Dirección de Tránsito de Neuquén, ubicado sobre calle Río Colorado, en el límite entre Neuquén y Plottier.
En ese lugar permanecían vehículos secuestrados por diferentes motivos, entre ellos automóviles vinculados a causas judiciales o retenidos por infracciones contravencionales. Algunos habían sido declarados aptos para ser compactados.
Según la hipótesis que analiza la Fiscalía, un comerciante que disponía de una máquina compactadora retiraba los vehículos con el supuesto objetivo de trasladarlos para su destrucción. Sin embargo, no contaba con autorización judicial para realizar esos retiros.
Los investigadores sospechan que algunos de esos automóviles no llegaron a convertirse en chatarra y que sus piezas aparecieron posteriormente en distintos desarmaderos.
Otro elemento que llamó la atención de la pesquisa es que la División Tránsito no tenía un convenio ni un contrato formal con el comerciante investigado. La hipótesis es que dos policías habrían facilitado de manera irregular la salida de los vehículos, mientras que algunos desarmaderos habrían terminado recibiendo las autopartes.
Una publicación en Facebook habría permitido detectar la maniobra
Una de las claves de la investigación apareció en Marketplace, donde se ofrecían autopartes. Según trascendió, la posible maniobra comenzó a quedar expuesta cuando los investigadores detectaron que un vehículo que debía permanecer bajo custodia policial ya no se encontraba en el predio, mientras que algunas de sus partes aparecían ofrecidas en una publicación.
A partir de ese dato, la Justicia comenzó a reconstruir el recorrido de los vehículos que habían sido retirados de la Dirección de Tránsito Neuquén, ubicada en Río Colorado 350, y que supuestamente debían ser trasladados para su compactación.
Ahora se intenta determinar cómo se autorizaban los retiros, qué controles existían sobre los vehículos y quién supervisaba su destino una vez que salían del predio dependiente de la Superintendencia de Seguridad de la Policía del Neuquén.
Las fuentes judiciales indicaron que el comerciante investigado no tendría autorización municipal ni un vínculo oficial con la Policía para retirar los automóviles.
En este contexto, los dos efectivos de la División Tránsito quedaron bajo sospecha por una presunta intervención en el acceso al predio y en el retiro de vehículos destinados a compactación.
Por el momento, la investigación también analiza la situación de los desarmaderos que recibieron las piezas. La hipótesis inicial es que podrían haberlas adquirido de buena fe, al considerar que los vehículos habían sido retirados de la Policía dentro de una operatoria legal.
La Fiscalía busca establecer ahora qué intervención concreta tuvieron los dos policías y cuál fue el rol del comerciante en el presunto circuito.
Siete allanamientos y dispositivos bajo análisis
Los procedimientos se realizaron en desarmaderos y domicilios vinculados con la investigación. Durante los allanamientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y documentación.
Los investigadores analizarán el contenido de esos dispositivos para intentar reconstruir las comunicaciones, los retiros de vehículos y las posibles operaciones de compraventa de autopartes.
Uno de los objetivos centrales es determinar cuántos vehículos fueron retirados para una supuesta compactación, cuáles fueron desarmados y qué cantidad de piezas terminó ingresando al circuito comercial.
También se deberá establecer si los comercios que recibieron o publicaron las autopartes conocían el origen de los repuestos o si participaron de operaciones que, en apariencia, se desarrollaban dentro de la legalidad.
Fuente: Medios.
