La causa por la estafa con planes sociales en Neuquén podría sumar a dos exgobernadores como testigos en la próxima instancia judicial. Alfredo Cury, uno de los doce condenados por la maniobra, pidió que Omar Gutiérrez y Jorge Sapag declaren en el nuevo juicio de cesura, en el que se volverán a determinar las penas que deberán cumplir él y Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales.
El planteo fue presentado este martes ante la Oficina Judicial. Cury, que también ejerce la defensa de Soiza, ofreció los testimonios para que ambos exmandatarios expliquen cómo estaba organizada la conducción del Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante el período investigado y si él o su defendido tuvieron responsabilidades dentro de la estructura partidaria.
El pedido tiene como trasfondo uno de los argumentos centrales de la sentencia anterior: el tribunal consideró que el dinero desviado mediante la maniobra terminó financiando una estructura de referentes vinculados al MPN. Esa circunstancia fue contemplada al momento de establecer las condenas.
Sin embargo, el abogado presentó los nombres de los exgobernadores “ad cautelam”, es decir, como una medida preventiva para cumplir con el plazo judicial sin renunciar a sus planteos pendientes. En paralelo, solicitó que no se avance con la nueva audiencia hasta que se resuelvan los recursos con los que busca revertir su condena por asociación ilícita.
Cómo funcionaba la maniobra con los planes sociales
La investigación reconstruyó un circuito de defraudación que funcionó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, principalmente en la Dirección de Planes Sociales.
Según la acusación fiscal, el mecanismo consistía en retener las tarjetas de débito de beneficiarios del Subsidio a la Desocupación Laboral. Una parte del dinero quedaba en manos de las personas que recibían la asistencia, mientras que el resto era desviado hacia referentes políticos vinculados al MPN.
El perjuicio económico acreditado durante el proceso fue de $153.377.900, una cifra que, actualizada, supera los $1.200 millones. Durante la lectura del veredicto, el juez Juan Manuel Kees rechazó los planteos de las defensas que buscaban relativizar la dimensión del daño: “Son 1.200 millones de pesos y para este tribunal de ninguna manera es insignificante”, afirmó.
Los fondos se acumulaban en una estructura conocida como la “caja azul”. No obstante, el tribunal aclaró que la Fiscalía no había logrado demostrar que los acusados fueran los destinatarios finales del dinero y sostuvo que los recursos alimentaron una estructura de referentes políticos del MPN. Hasta el momento, ningún dirigente partidario fue imputado en esta causa.
Las primeras condenas y el rol de Cury
En diciembre de 2025, el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla estableció las penas para los doce condenados por administración fraudulenta. Ocho recibieron condenas de cumplimiento efectivo y cuatro, penas en suspenso.
Las sanciones más altas fueron de cinco años de prisión efectiva y recayeron sobre el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, el excoordinador de Administración Tomás Siegenthaler y Ricardo Soiza.
En el caso de Cury, quien ejerció su propia defensa, la condena fue de tres años y seis meses de prisión efectiva, seis meses menos de lo solicitado por la Fiscalía. Posteriormente, el Gobierno provincial dispuso su expulsión de la administración pública mediante un decreto, al igual que había ocurrido con Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz.
Al fundamentar la pena, el juez Kees no se limitó a analizar los cheques que había cobrado el abogado. También hizo referencia al perjuicio provocado a personas en situación de vulnerabilidad y a la utilización de los recursos para financiar una estructura política.
Durante el juicio se acreditó que Cury había cobrado diez cheques por un total de $490.500 mientras trabajaba como agente de planta política: siete estaban a su nombre y otros tres habían sido endosados a su favor.
El abogado sostiene que esos pagos correspondían a honorarios profesionales. En su recurso, además, señaló que el dictamen contable de la acusación los había identificado como “gastos de mantenimiento de la estructura de la asociación”, sin incluirlo entre los beneficiarios falsos de los planes sociales.
El veredicto también tuvo referencias al contexto político de la provincia. Al responder a los planteos de las defensas, que habían comparado el caso con la causa Temux, Kees sostuvo: “Esa impunidad es de una época que intentamos dejar atrás. Desde 2023, con la alternancia política tras 60 años de hegemonía del MPN, estamos en un momento distinto”.
En la sentencia escrita, los jueces mantuvieron la conclusión de que el dinero destinado a la asistencia social había sido utilizado para manipular el voto, aunque omitieron la referencia al fin de la hegemonía partidaria.
No fue la primera vez que Cury intentó vincular la investigación con la estructura del MPN. En 2025 había buscado llevar el expediente a la Justicia Federal, a partir de declaraciones del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien había señalado que los fondos de los subsidios se utilizaron para fortalecer al partido provincial.
Por qué habrá un nuevo juicio de cesura
La primera sentencia había descartado la acusación por asociación ilícita que sostenían la Fiscalía y la Fiscalía de Estado, en representación del Gobierno provincial.
Los jueces Kees, Hermosilla y Guaita entendieron que esa figura penal requería acreditar una estructura jerárquica organizada para cometer más de un delito, condición que consideraron no demostrada en el expediente.
La decisión fue revisada el 20 de agosto por el Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno. Por unanimidad, los magistrados modificaron ese criterio y consideraron que para configurar el delito alcanza con acreditar una organización jerárquica destinada a cometer delitos, incluso cuando sean de la misma clase.
En consecuencia, entendieron que en la causa se habían cometido múltiples defraudaciones y señalaron como presuntos jefes de la organización a Soiza, Di Luca, Siegenthaler, Néstor Sanz y Marcos Osuna. Cury, en tanto, fue ubicado como integrante de esa estructura.
La resolución hizo caer las penas establecidas en diciembre y ordenó realizar un nuevo juicio de cesura ante otros jueces, esta vez por asociación ilícita en concurso con administración fraudulenta.
Esta instancia no volverá a discutir la culpabilidad, sino que estará destinada a establecer el monto de las condenas. El escenario penal cambió porque la asociación ilícita contempla una pena de entre tres y diez años de prisión.
Qué declararían Gutiérrez y Sapag
Durante el período en que funcionó la maniobra, Omar Gutiérrez presidía la Junta de Gobierno del MPN, mientras que Jorge Sapag estaba al frente de la Convención partidaria. Además, Abel Di Luca, uno de los condenados como jefe de la organización, había sido ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Gutiérrez.
En el escrito presentado, Cury propuso que Gutiérrez informe quiénes integraban las autoridades del partido en esos años, si él o Soiza ocuparon cargos o tuvieron funciones de conducción y campaña, y si conocía la actividad política del abogado.
En cuanto a Sapag, las preguntas estarían vinculadas con la composición de la Convención, su conocimiento personal de Cury, su trayectoria y el alcance de su participación política.
El defensor sostiene que no busca reabrir la discusión sobre la responsabilidad penal, sino incorporar información que permita establecer las circunstancias personales y el grado de participación de cada condenado al momento de determinar las penas. Para eso invocó el artículo 41 del Código Penal.
El planteo vuelve a poner en discusión el vínculo entre la maniobra investigada y la estructura política del MPN, así como el alcance de las responsabilidades dentro de ese entramado.
Los recursos que todavía debe resolver la Justicia
El ofrecimiento de testigos responde a un plazo fijado por el juez Juan Pablo Encina mediante una resolución del 25 de septiembre. Cury cumplió con esa instancia, aunque dejó expresamente asentado que no implica aceptar la decisión de avanzar con un nuevo juicio de cesura.
Ese mismo martes presentó una impugnación contra esa resolución y otra dictada el 21 de septiembre. Además, mantiene vigentes los recursos con los que pretende que otra integración del Tribunal de Impugnación anule su condena por asociación ilícita y restablezca la absolución que había obtenido inicialmente por ese delito.
Entre sus argumentos, cuestiona que los magistrados que modificaron su situación procesal no hayan presenciado las declaraciones testimoniales durante el juicio original, sino que hayan basado su decisión en la lectura del expediente. También sostiene que el tribunal que escuchó directamente a los testigos había expresado dudas sobre la configuración de la asociación ilícita.
Por ese motivo, pidió que no se fije una fecha para la audiencia ni se avance con el tratamiento de los testigos hasta que se resuelvan sus planteos. También se reservó la posibilidad de ampliar, modificar o retirar los nombres ofrecidos.
Si los recursos no prosperan en las instancias provinciales, la última vía que anticipó es recurrir a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, las condenas todavía no están firmes y el proceso judicial continúa abierto.
Fuente: Medios
