La Justicia laboral de Río Negro registró 1.866 nuevas causas durante los primeros seis meses de 2026, un 3,1% más que en el mismo período del año pasado, cuando habían ingresado 1.810 expedientes. El balance surge del informe estadístico elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Aunque el incremento fue de 56 causas en términos interanuales, el volumen de ingresos se mantuvo por debajo de los niveles registrados en años anteriores. Además, el período analizado coincide parcialmente con la entrada en vigencia de la reforma laboral nacional, en marzo, aunque los datos disponibles todavía no permiten establecer sus efectos sobre la actividad judicial provincial.
Cómo se distribuyeron las causas laborales
La evolución histórica muestra que durante el primer semestre de 2024 habían ingresado 2.362 expedientes, mientras que en 2023 se alcanzó el máximo de la serie analizada, con 3.248 causas. En contraste, el registro de 2026 se ubicó cerca del correspondiente a 2019, cuando se contabilizaron 1.808 nuevos casos.
Por circunscripción judicial, Bariloche concentró la mayor cantidad de ingresos, con 635 expedientes, equivalentes al 34% del total. En segundo lugar quedó General Roca, con 571 causas, que representaron el 30,6%.
La Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, registró 336 expedientes, el 18% del total. Por su parte, la Cuarta Circunscripción, con sede en Cipolletti, contabilizó 324, equivalentes al 17,4%.
De esta manera, las circunscripciones de Bariloche y General Roca reunieron casi dos tercios de las nuevas causas laborales iniciadas durante el semestre.
Cuáles fueron los principales reclamos
Los conflictos vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo encabezaron las presentaciones judiciales, con 405 casos, el 21,4% del total. Les siguieron las demandas por accidentes laborales y enfermedades profesionales contempladas en el sistema de riesgos del trabajo, con 353 registros, equivalentes al 18,6%.
El relevamiento también incluyó 198 homologaciones de acuerdos, 184 incidentes, 133 exhortos, 111 ejecuciones, 81 reclamos salariales y 76 amparos, entre otras categorías.
En cuanto a los tipos de procesos, predominaron los juicios ordinarios, con 1.218 registros. Después se ubicaron los procesos sumarísimos, con 203; los incidentes, con 184; las ejecuciones, con 141; y los amparos, con 63.
Disminuyeron algunas categorías de sentencias
Durante el primer semestre de 2026, los tribunales laborales dictaron 2.746 sentencias. De ese total, 917 fueron interlocutorias, 851 correspondieron a homologaciones, 517 fueron definitivas y 461, monitorias.
La comparación con los dos años anteriores muestra una baja en el conjunto integrado por sentencias definitivas, homologaciones y monitorias: pasó de 2.428 registros en el primer semestre de 2024 a 1.852 en 2025 y 1.829 en 2026.
Las sentencias interlocutorias también descendieron respecto del año pasado. Después de registrar 1.216 en 2024 y 1.409 en 2025, la cifra cayó a 917 durante los primeros seis meses de este año.
Por otra parte, el informe contabilizó 8.935 expedientes con al menos un movimiento procesal, frente a los 9.075 registrados en igual período de 2025.
Estos indicadores reflejan la actividad de los tribunales, aunque no permiten medir por sí solos la cantidad de conflictos laborales existentes. La evolución de las resoluciones también depende de la complejidad de las causas, las etapas procesales y los acuerdos alcanzados durante su tramitación.
Crecieron las conciliaciones y los acuerdos
Uno de los datos destacados del informe corresponde a la conciliación prejudicial obligatoria, que se desarrolla a través de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc).
Entre enero y junio de 2026 ingresaron 844 casos, un 4% más que los 812 registrados durante el mismo período de 2025. El aumento interrumpió la tendencia descendente que se observaba desde el máximo de 1.152 ingresos alcanzado en 2021.
También se incrementó la cantidad de trámites finalizados: se cerraron 709 expedientes, frente a los 451 del primer semestre del año anterior.
Dentro de ese universo, 531 casos llegaron a una instancia efectiva de negociación. Finalmente, las partes alcanzaron 238 acuerdos, frente a los 147 registrados en 2025. La suba fue del 62% y representó el mayor número de acuerdos para un primer semestre desde 2019, según la serie estadística.
Menos audiencias por violencia laboral
En los primeros seis meses del año se realizaron 2.086 audiencias de distintos tipos. Si se consideran específicamente las de conciliación y las vistas de causa, el total fue de 1.664, por debajo de las 1.825 contabilizadas en 2025 y las 1.788 de 2024.
El informe también registró una disminución de las audiencias relacionadas con situaciones de violencia laboral. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron 117 audiencias, frente a las 137 del mismo período del año pasado, lo que representa una caída del 14,6%.
El procedimiento está previsto en el artículo 72 del Código Procesal Laboral provincial, establecido por la Ley 5631. La normativa contempla una vía sumarísima para abordar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral, bajo principios de celeridad, reserva, confidencialidad y no revictimización.
Qué se sabe sobre el impacto de la reforma laboral
Las estadísticas corresponden a un período que coincide parcialmente con los primeros meses de vigencia de la Ley de Modernización Laboral, sancionada a fines de febrero y publicada en marzo de 2026.
La normativa introdujo modificaciones en distintos aspectos de las relaciones laborales, entre ellos el cálculo de las indemnizaciones por despido, la actualización de los créditos laborales, la distribución de la jornada y el fraccionamiento de las vacaciones. Sin embargo, el informe no permite atribuir los cambios observados en la actividad judicial a la reforma.
El fuero laboral rionegrino cuenta con seis cámaras distribuidas entre Viedma, General Roca, Bariloche y Cipolletti. Según el relevamiento, todas funcionan bajo el modelo de Oficinas de Tramitación Integral, que separa las tareas administrativas de las funciones jurisdiccionales.
Fuente: Medios
