El ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei redujo el gasto público general, pero no logró revertir el peso de las prestaciones destinadas a los adultos mayores. Según un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), el gasto en jubilaciones y PAMI se mantiene un 73% por encima del promedio de la década de 1980, mientras que el resto de las erogaciones estatales supera ese nivel apenas un 5%, en términos del Producto Bruto Interno (PBI).
El estudio advierte que el crecimiento del gasto destinado a la vejez tiene un impacto determinante sobre las cuentas públicas y sostiene que postergar los cambios necesarios puede comprometer otras funciones esenciales del Estado.

Para analizar la evolución de estas partidas, IDESA tomó como referencia el promedio de la década de 1980, al que asignó un índice de 100, y comparó el gasto previsional y sanitario para adultos mayores con el resto del presupuesto público.
En 1995, el índice correspondiente a las erogaciones para la vejez había trepado a 163, mientras que el resto del gasto estatal descendió a 94. En 2017, el gasto destinado a los adultos mayores alcanzó un máximo de 220 y el resto del presupuesto llegó a 137.

La evolución cambió parcialmente en 2024, después de las medidas fiscales implementadas al comienzo de la gestión libertaria. Ese año, el índice del resto del gasto público retrocedió a 105, mientras que el correspondiente a la vejez bajó a 173, todavía muy por encima del nivel registrado durante los años 80.
“Estos datos muestran que en la Argentina el gasto para la vejez también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas”, señaló la entidad.
La falta de reformas estructurales
IDESA recordó que la última reforma estructural del sistema previsional argentino se realizó en 1993. Desde entonces, según el análisis, distintos gobiernos recurrieron a la inflación y a modificaciones en la fórmula de movilidad para reducir el peso de las prestaciones.
“La estrategia común de gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas fue licuar el gasto con inflación”, indicó el centro de estudios, que también cuestionó la manipulación de los mecanismos de actualización de los haberes como herramienta de ajuste.
El informe también puso el foco en el PAMI, creado en 1971, y sostuvo que el sistema de salud para jubilados nunca se adaptó a los cambios demográficos. De acuerdo con el reporte, esa falta de actualización generó limitaciones en la cobertura y trasladó parte de la demanda de atención a los hospitales públicos provinciales.

Frente a la posibilidad de que una recuperación económica o una futura reforma laboral aporten los recursos necesarios para resolver el problema, la entidad advirtió sobre los riesgos de postergar los cambios.
“Demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error”, afirmó IDESA.
Las reformas que propone IDESA
Para mejorar la sustentabilidad del sistema previsional y sanitario, el instituto planteó tres medidas. La primera consiste en implementar cuentas nocionales, un mecanismo que calcularía los haberes en función de los aportes realizados durante toda la vida laboral y de la expectativa de vida al momento del retiro.
La segunda propuesta apunta a revisar la pensión derivada y transformarla en una cobertura voluntaria, financiada mediante un aporte específico. La tercera contempla una reforma del sistema de salud para que los trabajadores puedan conservar al jubilarse la obra social que tenían durante su etapa activa.
Además, IDESA propone adecuar el Programa Médico Obligatorio (PMO) a los recursos efectivamente disponibles. El objetivo, según el planteo del centro de estudios, es adaptar las prestaciones previsionales y sanitarias a la evolución demográfica y evitar que el sostenimiento de estos gastos siga condicionando las finanzas públicas.

Fuente: Medios




















