Los peritajes sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), abrieron una nueva controversia en la causa que investiga presuntas coimas en el organismo. La División Acústica Forense de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar si las grabaciones corresponden a la voz del exfuncionario, mientras que los especialistas de la Fiscalía cuestionaron los procedimientos aplicados y los resultados del estudio.
El informe, de 74 páginas, fue entregado este jueves a la Justicia y analizó los archivos aportados por el periodista Mauro Federico. Sus conclusiones habían sido anticipadas por el Gobierno hace aproximadamente 15 días.
Según el documento al que accedieron medios, de los archivos examinados, 14 fueron considerados aptos para el análisis, mientras que otros 43 no reunían las condiciones necesarias para una comparación forense.
Sin embargo, los especialistas identificaron en los registros disponibles características acústicas compatibles con un proceso de regrabación. También detectaron discontinuidades abruptas y posibles puntos de corte, aunque no pudieron establecer qué tipo de edición se habría utilizado ni cuál habría sido el procedimiento técnico aplicado.
El informe tampoco permitió determinar de manera concluyente si los sonidos analizados correspondían a emisiones vocales humanas de origen natural o si habían sido recreados digitalmente.
Ante estas limitaciones, los peritos consideraron que no era metodológicamente adecuado avanzar con el procesamiento de los archivos. Además, señalaron que un análisis basado exclusivamente en la percepción auditiva no cumplía con los requisitos necesarios para una identificación forense de voces.
Por ese motivo, concluyeron que no podían realizar el cotejo solicitado con registros de voz de Spagnuolo ni establecer si era el autor de las grabaciones.
Los cuestionamientos de la Fiscalía a la pericia de Gendarmería
Las conclusiones de Gendarmería generaron diferencias con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que cuestionó tanto la metodología empleada como la forma en que se presentaron los resultados.
El Ministerio Público Fiscal participó del procedimiento con cinco peritos de parte, quienes señalaron que no pudieron incorporar sus desacuerdos en las conclusiones principales del informe. Por ese motivo, debieron presentarlos en un anexo separado, una decisión que, según consideraron, desnaturalizó el debate pericial.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de los especialistas de Gendarmería de no realizar la comparación de las voces. Los peritos oficiales argumentaron que el programa utilizado presentaba limitaciones de calibración que impedían emplear sus resultados con fines identificatorios.
Sin embargo, desde la DATIP sostuvieron que 15 archivos tenían calidad suficiente para avanzar con el cotejo de las grabaciones y compararlas con la voz del exdirector de la ANDIS.
Los especialistas también advirtieron que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige la aplicación de al menos dos de ellos. Según plantearon, Gendarmería no habría cumplido con ese procedimiento.
En ese sentido, remarcaron que las limitaciones del programa utilizado para el análisis automático no impedían recurrir a los otros métodos previstos en el protocolo.
De esta manera, las diferencias entre los especialistas oficiales y los representantes de la Fiscalía mantienen bajo discusión el valor de las grabaciones como prueba dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Fuente: Medios
