Ley Malvinas: el Gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto, pero peligra un capítulo clave en Diputados

El oficialismo cuenta con respaldo para la votación en general, aunque no tiene garantizados los 129 votos necesarios para sostener el capítulo 7, que incluye sanciones por financiamiento extranjero de campañas y nuevos delitos vinculados a la “injerencia extranjera”.
Ley Malvinas: el Gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto, pero peligra un capítulo clave en Diputados

El oficialismo llegará al recinto de la Cámara de Diputados con los votos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta dificultades para conservar uno de sus apartados más controvertidos. Los bloques aliados reclaman cambios profundos en el capítulo 7 y, por ahora, el Gobierno solamente ofreció modificaciones menores.

Karina Banfi

El principal obstáculo es que ese apartado necesita una mayoría especial de 129 votos para ser aprobado, debido a que incorpora disposiciones vinculadas al sistema electoral. Como ese número todavía no está asegurado, el Gobierno podría aceptar su eliminación para garantizar el respaldo al resto del proyecto, especialmente al núcleo de sanciones contra las empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

La sesión está prevista para este miércoles a partir de las 12. Además de la iniciativa sobre Malvinas, el temario incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

Cámara de Diputados

El capítulo que genera resistencia

El apartado 7 establece multas para extranjeros sin residencia permanente en el país y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora nuevos delitos relacionados con la denominada “injerencia extranjera”.

Martín Menem, presidente de la Camara de Diputados

El texto también prohíbe organizar, financiar o ejecutar “campañas de injerencia extranjera” y “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.

Sin embargo, otros puntos continúan generando reparos entre los bloques opositores, como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior y los protocolos para derribar aeronaves o hundir embarcaciones.

Cámara de Diputados

Los principales cambios del proyecto

La iniciativa busca ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para actuar ante situaciones definidas como una “amenaza externa”. Ese objetivo es uno de los principales focos de rechazo del peronismo y la izquierda, que consideran que el proyecto funciona como un “caballo de Troya” para concentrar poder en el Gobierno y habilitar medidas excepcionales.

También se redujeron las multas previstas en la versión original: pasaron de un rango de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a otro de entre 2.000 y 40.000.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo amplió la integración del Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Como miembros no permanentes se incorporarán los presidentes de la Cámara de Diputados y provisional del Senado, además de gobernadores.

Proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

El organismo tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia de seguridad, defensa e inteligencia, así como la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza externa grave, podrá disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar transitoriamente los derechos aduaneros.

Otra modificación incorporada a pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, fue la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Eduardo Falcone

Por último, el proyecto otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”.

Fuente: Medios 

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