El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan. La causa, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, se inició tras una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Marcela Campagnoli.
Según las denunciantes, Lugones habría solicitado la renuncia de todo el Consejo de Administración del hospital “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”, tras la entrega de un bono al personal médico durante octubre de 2024.
La acusación sostiene que ese pago provino de un fondo propio del Consejo y que no requería la autorización del Ministerio.
Marijuan pidió al Ministerio de Salud información detallada sobre el organigrama del hospital, los cambios en el Consejo antes y después de octubre de 2024, y las resoluciones vinculadas al bono, ya que -según el dictamen- la intervención de Lugones podría haber respondido a “un encono personal” y al intento de desactivar reclamos salariales en otros hospitales nacionales.
“El ministro se habría atribuido facultades que no le corresponden, con el fin de amedrentar a otras autoridades administrativas”, sostiene la presentación judicial.
Controversia por declaraciones y salarios
El conflicto se agudizó con las recientes declaraciones del ministro Lugones, quien afirmó que los recursos del sistema de salud deben dirigirse “al personal de salud, no a la militancia rentada”, una línea que replicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Sin embargo, un informe del sitio Chequeado desmintió los dichos de Adorni, quien había asegurado que el 66% del personal del Garrahan era administrativo. En realidad, el 68% corresponde al área asistencial.
En medio del conflicto, el Gobierno anunció un aumento salarial unilateral para médicos residentes, quienes pasarían a cobrar $1.300.000 desde el 1º de julio. Pero la medida fue rechazada por los gremios del hospital, que advirtieron que excluye a más del 90% de la planta trabajadora.
Desde los sindicatos anunciaron una asamblea general para este martes y no descartan medidas de fuerza.
Por su parte, Lugones defendió la medida argumentando que fue posible gracias a la reducción de “gastos superfluos” y al ahorro generado por el nuevo sistema biométrico de control de asistencia.
La imputación al ministro ocurre pocos días después de su encuentro con el secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., en el que anunciaron reformas sanitarias como la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una revisión en los procesos de aprobación de medicamentos y vacunas.
Fuente: Medios
