El Gobierno argentino formalizó la apelación contra el fallo dictado por la jueza Loretta Preska en Nueva York, que obliga al país a entregar acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia por US$ 16.000 millones, derivada de la nacionalización de la petrolera en 2012.
La novedad fue difundida por el analista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, donde sigue de cerca el litigio internacional.
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