El ex ministro de Desarrollo Social, el ex director de Planes Sociales y otros cinco funcionarios son coautores de la estafa. Otros fueron considerados partícipes necesarios.
Este martes se conoció el veredicto del tribunal tras el juicio por la estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Después de 32 jornadas de audiencias, en uno de los juicios más extensos que tuvo la provincia, los jueces declararon culpables a los 12 imputados en el desvío de fondos públicos que estaban destinados al pago de subsidios por desempleo.
Los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declararon culpables a los 12 imputados por defraudación al Estado, aunque todos fueron absueltos del cargo de asociación ilícita porque primó el principio de la duda. Aunque el proceso había iniciado con 14 imputados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había retirado la acusación de dos funcionarios de menor jerarquía, por lo que el tribunal decidió absolverlos de todo cargo por unanimidad.
A las 11,14 de este martes comenzó la lectura del veredicto, que se transmitió en vivo. Tras exponer sus fundamentos, el tribunal declaró como coautores a Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Luis María Gallo, Julieta Oviedo, Pablo Sanz y Ricardo Soiza. Por otro lado, Isabel Montoya, Valeria Honorio, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury fueron declarados partícipes necesarios.
El titular del tribunal, Juan Manuel Kees, adelantó que buscaban exponer los fundamentos de su veredicto de manera abreviada y que darán más detalles en una sentencia escrita, que será entregada en los 20 días hábiles siguientes, tal como establece el Código Procesal.
Recordaron que el Ministerio Público Fiscal retiró la acusación sobre dos de los 14 imputados, por lo que el tribunal definirá la sentencia de los 12 imputados restantes. Agregaron que en la audiencia sólo se va a comunicar la decisión del tribunal, pero no habrá instancias de debate. Por eso, aquellos que tengan alguna oposición al veredicto podrán realizar luego una impugnación.
El resumen del tribunal: cómo se hizo la estafa:
“Se pudo comprobar la existencia de una maniobra delictiva y sistemática en el Ministerio de Desarrollo Social entre septiembre de 2020 a julio de 2022″, aseguró Juan Guaita, quien afirmó que distintos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, incluido el ministro, estaban involucrados en una maniobra que buscaba defraudar a la administración pública y que generó un gran perjuicio a las arcas provinciales.
El juez señaló que se acreditó “una captación y utilización de beneficiarios de planes sociales, es un mecanismos fraudulento que captaban a personas que en condiciones normales podrían recibir un subsidios. Se hizo entre cuatro grupos claramente definidos: los beneficiarios estafados, que reunían los requisitos legales para cobrar el subsidio y sólo recibían una suma reducida de cerca del 10% del monto real. El 90% se quedaba entre los funcionarios de la Dirección de Planes Sociales”.
“El segundo grupo es de empleados propios del Ministerio que estaban inscriptos como beneficiarios de planes sociales, y ahí se percibe una maniobra porque, al ser empleados era imposible que fueran beneficiarios de ayudas del Estado”, dijo Guaita, quien agregó: “Vemos un tercer grupo de empleados que no sólo cobraban como beneficiarios sino que eran presionados para aportar más personas, que podían cumplir los requisitos o no, incluso familiares”.
“El cuarto grupo vemos que se forma con listados armados por punteros políticos, que tenían militantes, en su mayoría del Movimiento Popular Neuquino (MPN)”, afirmó. “De estos cuatro grupos siempre se obtenía dinero, se reunía el dinero y los cheques de un patrimonio ilícito en las oficinas de calle Rivadavia”, dijo y agregó que ese dinero se guardaba en una caja azul en la oficina de Ricardo Soiza y se dividía en sobres con distintos destinatarios.
“Detectamos otras conductas ilícitas que fueron recurrentes, como falsificación de cheques mediante la imitación de firmas de los beneficiarios“, aclaró el juez, que agregó que también se falsificaba la firma de “endoso al banco”. Aclaró que hubo acciones ilícitas como amenazas o coacciones para garantizar la maniobra sin ser denunciados. Por otro lado, se realizaron contrataciones irregulares por parte de funcionarios públicos, con pagos en negro de honorarios y consumos que se efectuaban con este dinero ilícito y que son clandestinos.
“Ha resultado probado que los partícipes en la maniobra se aprovechaban de la vulnerabilidad de los beneficiarios, que tenían situación precaria, vulnerabilidad, personas con discapacidad a cargo y también adultos mayores”, dijo el juez.
El magistrado aclaró que el Banco Provincia de Neuquén (BPN) alertó esta situación y bloqueó las cuentas de los empleados públicos. Así, “la maniobra se adaptó” con depósitos en otros bancos para poder hacerse del dinero. “Los montos eran siempre menores a 50 mil pesos y los cheques siempre provenían de Desarrollo Social”, agregó.
Sumó una tercera modalidad, a través de tarjetas de débito. “Estas personas que captaban beneficiarios mutaron la maniobra: lo acompañaban a la sucursal del BPN para que tramitaran la apertura de la cuenta, los esperaban para hacerse de la tarjeta de débito y la clave del beneficiario”
En cuanto a los fines del dinero, aclaró que los partícipes de la maniobra usaron los fondos para gastos propios que sostenían la estructura de la organización delictiva.
“Vemos un nivel del servicio administrativo financiero”, dijo y aclaró que “bajo ese manto participan de la maniobra delictiva, usando su competencia administrativa para autorizar los pagos”. En este nivel se ubican el excoordinador provincial Tomás Siegenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo.
Por otro lado, señaló que hay un tercer nivel de responsabilidad y que tiene como figura el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, que brindó la autorización administrativa para permitir que se pague y luego se desvíe el dinero. Agregó que las decisiones se definían en reuniones entre el ministro y Siegenthaler.
La identidad de los principales destinatarios del dinero nunca salió a la luz:
El juez Juan Manuel Kees se expresó en duros términos con el Ministerio Público Fiscal (MPF), al explicar que la parte acusadora no indagó sobre el destino de los fondos de la caja azul, que tenía una precaria contabilidad. “La mayor parte de los fondos no fue para vehículos o un terreno en Plottier sino para dos destinatarios identificados como El Embajador y XXXX”, dijo el magistrado y exhortó a los fiscales a avanzar con esta investigación cuando se reclama al tribunal a condenar a todos los responsables de la defraudación.
El tribunal consideró, entonces, que no se va a juzgar a los 12 imputados bajo la calificación de defraudación al Estado con perjuicio a las arcas públicas, pero no por asociación ilícita. El Juez Hermosilla avanzó con la responsabilidad de cada uno de los implicados.
La calificación legal, en debate:
“En algunas audiencias previas se dictaron sobreseimientos y también hay nueve personas condenadas por estos mismos hechos, en procedimientos abreviados”, dijo y aclaró que se realizaron acuerdos plenos, en audiencias que no se produce prueba pero la Fiscalía y los defensores arriban a un acuerdo sobre los hechos, la calificación y la pena. En estos casos, resultaron declaradas culpables por el caso de asociación ilícita con defraudación a la administración pública en más de 9303 hechos.
El veredicto final: qué dijo el tribunal:
Marcos Osuna, Pablo Sanz y Ricardo Soiza. Reconocieron la maniobra pero descartaron ser parte de una asociación ilícita. “Soiza dijo que algo se pudo haber escapado”, señaló el juez Hermosilla. Aclaró que las maniobras tienen “abundante prueba y no fue controvertida por los imputados”.
Tanto Sanz como Soiza fueron calificados como coautores de la defraudación del Estado. En el caso de Osuna, consideraron que tuvo participación primaria.
Para Emanuel Victoria Contreras, quedó acreditado que tenía tarjetas en su domicilio, que había realizado extracciones y que fue al menos una vez a la calle Rivadavia a buscar cheques. Como realizaba actividades políticas y tenía planillas de “voto seguro”, su defensa consideró que condenarlo era criminalizar la actividad política. También fue considerado como partícipe primario.
Para Isabel Montoya, pareja de Pablo Sanz, se acreditó que participó en las extracciones. Se quiso justificar su accionar por la vulnerabilidad económica o por motivos de género, algo que fue descartado por el tribunal. En el caso de Valeria Honorio, se probó una participación similar, ya que se emitieron al menos 17 cheques a su nombre y también se la ve utilizar el cajero automático en filmaciones presentadas en el juicio. Por eso, fueron consideradas partícipes necesarias y penalmente responsables.
Con respecto al abogado Alfredo Cury, el imputado admitió haber cobrado cheques en concepto de honorarios y también aseguró que iba a retirarlos a la Dirección de Planes Sociales. El tribunal también entendió que el letrado era un partícipe necesario. “No se puede desconocer que estos cheques eran para personas desocupadas”, explicó.
Fuente Medios
