El Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) impuso este martes nuevas penas contra seis ex autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de la causa por las torturas seguidas de muerte del interno Argentino Pelozo Iturri en la ex Unidad 9 de Neuquén. El nuevo fallo se dictó luego de una audiencia de cesura dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó revisar los castigos establecidos en 2019.
El tribunal, integrado por los jueces Simón Bracco, Alejandro Silva y Alejandro Cabral, rechazó los planteos de extinción de la acción penal presentados por las defensas, y dictó cuatro condenas de cumplimiento efectivo y dos en suspenso, además de inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos.
Nuevas penas de prisión efectiva
Daniel Ricardo Huenul (jefe de seguridad interna y externa): 4 años y 8 meses de prisión por omisión de evitar torturas en concurso real con falsedad ideológica calificada.
Héctor Oscar Ledesma (ex director de la U9): 4 años y 6 meses de prisión por el mismo delito.
José Roberto Sosa (ex subdirector): 4 años y 3 meses de prisión.
Juan Carlos Heredia (médico de la unidad): 3 años y 6 meses de prisión por omisión de denunciar la aplicación de torturas.
Penas en suspenso
Gabriel Eduardo Grobli (ex inspector regional): 3 años de prisión condicional por encubrimiento doblemente agravado y omisión de denunciar torturas.
Miguel Ángel Carrilao (enfermero): 2 años y 6 meses de prisión condicional.
Además, todos los condenados fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Un caso emblemático de violencia institucional
El proceso judicial por la muerte de Pelozo Iturri (ocurrida en abril de 2008) es uno de los más significativos en el país en materia de violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
En el fallo de 2019, el TOF de Neuquén había condenado a prisión perpetua a nueve agentes del cuerpo de requisa y custodia, al considerar probado que participaron directamente de las torturas que provocaron la muerte del detenido.
Los condenados fueron: Carlos Roberto Vergara, Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Elix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana.
En ese mismo fallo, se impusieron también penas de entre tres y siete años a otros funcionarios por omisión, encubrimiento y falsificación de documentación, incluyendo a jefes penitenciarios, personal médico y administrativo.
La Cámara de Casación Penal revisó el fallo en 2020 y ordenó la realización de una nueva audiencia de cesura para ajustar las penas de los seis condenados ahora sentenciados, proceso que finalmente se concretó esta semana.
Fuente: Medios
