El Juzgado Federal de Viedma ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en un plazo de cinco días las pensiones no contributivas suspendidas en Río Negro. La medida alcanza a los casos en los que los beneficios fueron dados de baja sin notificación previa, bajo apercibimiento de una multa diaria de $35.000 por cada día de demora.
El fallo reconoce el carácter alimentario y esencial de las pensiones, garantizando su pago inmediato y vinculando la causa con el expediente colectivo que tramita en Catamarca. De esta forma, se avanza hacia un criterio judicial unificado que podría beneficiar a miles de personas con discapacidad en todo el país.
La resolución representa un freno judicial a las medidas de recorte implementadas por el Gobierno nacional, al tiempo que refuerza la protección de los derechos sociales más vulnerables. Organizaciones civiles y espacios legislativos destacaron que la decisión judicial “devuelve esperanza y dignidad a quienes habían quedado desprotegidos”.
En paralelo, desde distintos sectores se subrayó la importancia de la acción colectiva y del acompañamiento legal brindado a los beneficiarios afectados. La sentencia de Viedma marca un precedente clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y podría replicarse en otras jurisdicciones.
