El Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear los ejes de su reforma laboral, un proyecto que busca reconfigurar el mercado de trabajo con foco en reducir costos, flexibilizar jornadas y acotar la litigiosidad. El borrador, que circula entre referentes políticos, empresariales y sindicales, introduce un tope de diez sueldos como máximo indemnizatorio ante despidos sin causa y habilita el pago en cuotas de las compensaciones.
La propuesta también excluye el aguinaldo y los adicionales del cálculo de la indemnización, lo que marca un giro frente al esquema actual establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. En paralelo, el texto impulsa el retorno de los tickets canasta, que no tendrán carácter remunerativo ni aportarán a la seguridad social, y crea la figura del “salario dinámico”, un sistema de premios empresariales atados a la productividad o desempeño individual.
Entre los cambios estructurales, la iniciativa contempla que las pymes puedan abonar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, una medida orientada a reducir el impacto financiero de los juicios laborales.
El borrador también habilita jornadas más extensas, siempre que se respeten las 12 horas de descanso entre turnos, y formaliza la creación del banco de horas, permitiendo compensar días con mayor carga horaria con otros de menor duración. Además, propone fraccionar las vacaciones en tramos de al menos una semana y acordar períodos distintos al fijado por ley.
En materia de negociación colectiva, la reforma da preeminencia a las paritarias por empresa sobre los convenios de actividad, lo que permitiría adaptar las condiciones laborales a cada sector o firma.
Otro punto central apunta a modificar el régimen de aportes sindicales: los descuentos de cuotas o contribuciones solo podrán realizarse con autorización expresa del trabajador, lo que elimina los aportes compulsivos para quienes no estén afiliados.
El texto también endurece las condiciones del derecho a huelga, al exigir una cobertura mínima del 75% en los servicios esenciales como salud, educación, energía y transporte, y del 50% en actividades consideradas de “importancia trascendental”, entre ellas la industria, los bancos, el sector alimentario y los medios de comunicación.
Desde la CGT ya anticiparon su rechazo a la iniciativa, al considerar que la figura del “salario dinámico” y la flexibilización de jornadas debilitan la negociación sindical y abren la puerta a una competencia desigual entre empleadores y trabajadores.
El Gobierno busca reunir consenso político y del sector privado para enviar el proyecto al Congreso antes de fin de año. Si se aprueba, significará la modificación más profunda del sistema laboral argentino en décadas, con impacto directo en los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.
