Tribunal confirma embargos a Gloria Ruiz y otra funcionaria en causa por enriquecimiento ilícito

El Tribunal de Revisión confirmó los embargos dictados contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz y otra funcionaria de la Legislatura en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue tomada por los jueces Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y la jueza Carolina García, tras analizar los recursos presentados por las defensas que buscaban revertir la medida.

Los embargos habían sido dispuestos el pasado 30 de octubre por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien ordenó asegurar bienes y cuentas bancarias de las imputadas para garantizar el eventual reintegro de fondos o el pago de indemnizaciones si hubiera una condena.

Según surge del expediente, en el caso de Gloria Ruiz la medida alcanzaría un monto cercano a los 120 millones de pesos, mientras que para la otra funcionaria llegaría a unos 90 millones.

Las defensas plantearon que los valores fijados son desproporcionados y que afectan el patrimonio de las imputadas sin una evaluación precisa del valor de los bienes involucrados. Argumentaron, además, que los montos superan lo necesario para garantizar cualquier reparación futura.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la resolución de Yancarelli se encuentra debidamente fundada y se ajusta al Código Procesal Penal. Remarcó que las medidas cautelares buscan preservar recursos para una eventual sentencia y que su alcance podrá ser revisado más adelante, una vez concluidas las tasaciones de los inmuebles embargados.

“Podrán solicitar ante un juez el levantamiento de algún embargo y ofrecer qué bien inmueble puede ser embargado hasta alcanzar el monto requerido por la fiscalía”, señalaron los jueces. Es decir, las defensas conservarán la posibilidad de renegociar los bienes afectados si demuestran que las valuaciones superan lo necesario.

La causa se centra en la acusación formulada contra Ruiz por presunto enriquecimiento ilícito

Según la fiscalía, su patrimonio habría aumentado sin justificación luego de asumir como vicegobernadora. Entre los elementos investigados se encuentra la compra de una camioneta Toyota SW4 valuada en más de 76 millones de pesos en junio de 2024, mientras que los ingresos declarados por la funcionaria correspondían únicamente al salario, que osciló entre los dos y cinco millones mensuales durante ese año.

Con la confirmación de los embargos, el proceso judicial continúa ahora con peritajes, tasaciones y producción de pruebas, instancias que buscarán determinar si hubo o no incremento patrimonial injustificado.

Fuente: Medios.