Estafa con planes sociales: arranca la segunda etapa del juicio

El 25 de noviembre arranca la fase de cesura del juicio por fraude en planes sociales. La fiscalía pedirá penas de prisión efectiva y decomiso de bienes para exfuncionarios, mientras la defensa busca limitar testigos y documentos.

El próximo 25 de noviembre comenzará la segunda etapa del juicio contra los 11 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén. En esta instancia, la fiscalía pedirá penas de prisión efectiva para exfuncionarios como el exministro Abel Di Luca y el exdirector Ricardo Soiza, entre otros, y solicitará el decomiso de algunos bienes que, según la acusación, fueron adquiridos con dinero de los subsidios. La defensa, en tanto, se opondrá a estas medidas.

Antes del inicio formal del juicio, el viernes 14 habrá una audiencia en la que la defensa pública de tres condenados, Néstor Pablo Sánz, Isabel Montoya y Valeria Honorio, buscará impedir que se citen ciertos testigos y que se acepten documentos presentados por la fiscalía.

El equipo de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, con el respaldo de Gustavo Kohon de la fiscalía de Estado, pretende utilizar como prueba un expediente del 2016 que involucra al líder piquetero de Centenario, Héctor «Zapallito» Molina, ya fallecido, e Isabel Montoya. También quieren que declare el vendedor de un lote en un barrio privado comprado por Montoya, quien no fue citado en el juicio de responsabilidad.

Otros testigos y documentos

La fiscalía también presentó un legajo del 2019 en el que estuvo imputado Alfredo Cury, quien actualmente se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza, y que en ese momento acordó una suspensión de juicio a prueba.

Responsabilidades en el juicio de responsabilidad

Por su parte, se consideró que Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Andrés Cury fueron partícipes primarios del mismo delito.

Qué dijeron los jueces sobre el decomiso

El juicio de cesura definirá ahora las penas y la fiscalía insistirá en el pedido de decomiso de bienes. Sin embargo, en la sentencia original, los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita dejaron en claro que la Fiscalía no demostró que los acusados aludidos fueran los destinatarios finales de la maniobra defraudatoria.

Los magistrados aclararon que el decomiso requiere acreditar que los imputados se beneficiaron económicamente con la defraudación, algo que no se probó en el juicio ni puede inferirse de posibles inconsistencias patrimoniales.

Fuente: Medios

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