El Gobierno avanza en un proyecto de reforma laboral integral que modifica puntos centrales de la legislación argentina y que actualmente se discute en el Consejo de Mayo. La iniciativa propone cambios en tres áreas clave, vacaciones, licencias por enfermedad e indemnizaciones por despido, con el objetivo de crear un marco “más flexible y homogéneo” que incentive el empleo formal, según fuentes oficiales.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con la aprobación sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) la calificó como “un retroceso de derechos” y ratificó su rechazo al texto. El Ejecutivo prevé enviar la versión final al Congreso hacia fin de año, dentro de un paquete más amplio de reformas estructurales.
En materia de vacaciones, el borrador establece nuevas reglas para su otorgamiento, deberían concederse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo específico, con una notificación obligatoria de 45 días. También se habilita el fraccionamiento en períodos no menores a una semana y se fija que cada trabajador deberá tomar al menos un tramo durante el verano una vez cada tres años.
Las licencias por enfermedad también tendrían una modificación sustancial. La prestación dejaría de ser remunerativa y contributiva, a excepción de los aportes a la obra social, y pasaría a pagarse al 80% del salario neto. La cobertura sería de tres meses para quienes tengan menos de cinco años de antigüedad y de seis meses para quienes superen ese período. En el caso de trabajadores con cargas de familia, el beneficio se ampliaría a seis o doce meses, según el tiempo de servicio. El cambio redefine la base de cálculo y el carácter de estas prestaciones, generando un fuerte debate sobre la protección ante situaciones de enfermedad.
En cuanto a las indemnizaciones por despido sin causa, el proyecto propone una nueva fórmula basada en un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. La base de cálculo excluiría el aguinaldo y otros ingresos de periodicidad semestral o anual, además de fijar un tope equivalente a tres veces el salario mensual promedio del convenio aplicable. El texto también permite reemplazar el sistema indemnizatorio por fondos o mecanismos de cese laboral acordados en convenios colectivos.
El futuro de la propuesta dependerá de los acuerdos que logre el Gobierno en un escenario marcado por el rechazo de las centrales obreras y la discusión abierta en el Consejo de Mayo.
Fuente: Medios
