La reciente decisión del Gobierno nacional de derogar un decreto de 1993, que regulaba la fijación de aranceles en las escuelas privadas sin aporte estatal, generó un clima de inquietud entre familias, gremios docentes y comunidades educativas de Neuquén. Aunque el objetivo oficial es evitar aumentos anticipados y desproporcionados en las cuotas, el anuncio abrió un debate sobre el riesgo de una desregulación total del sistema y su impacto en los derechos laborales y la previsibilidad económica.
El Ejecutivo nacional dispuso que las escuelas privadas sin financiamiento estatal ya no deben informar con meses de anticipación el valor de la matrícula y las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación, prevista en el decreto derogado, empujaba a las instituciones a fijar aumentos basados en proyecciones económicas inciertas, lo que provocaba que los aranceles crecieran muy por encima de la inflación general.
Un ejemplo difundido a nivel nacional lo grafica:
- Inflación anual 2024: 117,8%
- Aumento promedio de cuotas: 169%
Con la nueva normativa, el Gobierno asegura que los colegios podrán realizar ajustes graduales que acompañen el resto de la economía, lo que “favorece la sostenibilidad del sistema” y aportaría mayor estabilidad a las familias.
Sin embargo, entre los docentes del sector privado reina la preocupación por un eventual avance hacia la libertad total de contratación, lo que podría afectar las garantías salariales y las regulaciones vigentes en la ley provincial de educación privada.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) fue el primero en marcar su preocupación.
Su referente en Neuquén, Mariano Di Bartolo, advirtió que la medida “abre la puerta a un ataque permanente sobre la educación como derecho” y puede desencadenar una precarización de las condiciones laborales.
Di Bartolo señaló que el nuevo esquema “genera más incertidumbre que soluciones”, tanto para las familias como para los trabajadores. Y destacó que la desregulación podría interpretarse como un avance del modelo que concibe la educación como un servicio comercial y no como un derecho social.
Los colegios piden calma: “Este decreto ya era letra muerta”
Desde las instituciones privadas, el mensaje fue más moderado. Para Samuel Mazzucco, vocal de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), el impacto práctico será mínimo, principalmente porque la medida alcanza solo a escuelas sin aporte estatal.
Aclaró que en la práctica, la mayoría de los colegios ya fijaba los aranceles de manera flexible durante el año, ajustando según su estructura de costos, especialmente los salarios, y de acuerdo con la capacidad de pago de las familias.
“Ningún colegio privado va a cobrar una cuota que su comunidad no puede afrontar”, remarcó. Y agregó que, aun sin obligación de informar al Estado, las instituciones sí deben comunicar los aumentos a su matrícula.
También destacó que en Neuquén la demanda de vacantes en escuelas privadas viene en alza, no necesariamente por la calidad educativa, sino por factores como:
- continuidad en el dictado de clases,
- oferta de idiomas y actividades extracurriculares,
- jornadas extendidas,
- mayor previsibilidad en la organización escolar.
Un debate abierto en Neuquén
Aunque el alcance concreto de la medida aún no se refleja en la provincia, el escenario muestra posiciones encontradas:
- los gremios docentes temen un retroceso en derechos y regulaciones;
- las familias, más incertidumbre en un contexto económico fluctuante;
- los colegios, una formalidad que no altera su funcionamiento cotidiano.
Mientras tanto, el sistema educativo neuquino espera definiciones y lineamientos claros para evitar que la desregulación derive, finalmente, en mayor desigualdad en el acceso a la educación.
Fuente: Medios.
