En una nueva audiencia del juicio por las estafas con planes sociales en Neuquén, el fiscal Juan Narváez, junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, presentó la postura del Ministerio Público Fiscal en el inicio del debate destinado a fijar las penas para las personas ya declaradas responsables. La Fiscalía de Estado también intervino en calidad de querellante, representada por el abogado Gustavo Kohon.
Durante la jornada de este martes se desarrollaron los alegatos de apertura, instancia en la que ambas partes adelantaron la prueba que se producirá en los próximos días. Antes de comenzar, el tribunal rechazó una serie de planteos presentados por una de las defensas.
Parte de la prueba de la fiscalía había sido rechazada inicialmente por un juez de garantías; sin embargo, tras una impugnación del fiscal jefe Pablo Vignaroli, el Tribunal de Impugnación anuló esa resolución al considerar que la fiscalía no había podido responder adecuadamente a los planteos defensivos. La semana pasada, el juez de garantías Lucas Yancarelli admitió finalmente esa prueba y habilitó su incorporación al juicio de determinación de pena.
Para esta etapa, el Ministerio Público Fiscal contará con 33 testigos, incluidas dos contadoras de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, responsables de parte de las pericias técnicas que respaldan la acusación.
En el juicio previo, los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees habían determinado la responsabilidad de los imputados en las estafas con planes sociales, aunque descartaron la figura de asociación ilícita propuesta por la fiscalía.
Durante el inicio de la audiencia, el tribunal también trató planteos del abogado Alfredo Cury, defensor de Ricardo Soiza, vinculados a medidas cautelares y a un pedido de suspensión del juicio a prueba, ambos rechazados.
La fiscalía anticipó que solicitará penas de cumplimiento efectivo, superiores a los tres años de prisión, teniendo en cuenta que la escala penal para el delito de estafa va de dos a seis años. Las defensas, en cambio, adelantaron que pedirán penas en el mínimo legal: dos años en ejecución condicional o, subsidiariamente, tres años también de cumplimiento condicional.
Este miércoles comenzará la producción de prueba testimonial y documental, y se prevé que esta etapa se extienda hasta el lunes 1 de diciembre. Se reservaron fechas hasta el 5 de diciembre para completar los alegatos de cierre y los pedidos formales de pena.
Según la investigación, las maniobras defraudatorias se desarrollaron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto total de $153.377.900. El esquema consistía en la administración y cobro indebido de asignaciones destinadas a personas desempleadas.
Los cobros se realizaban mediante tarjetas de débito emitidas a nombre de beneficiarios de programas sociales. Algunos colaboraban con la maniobra, pero otros ni sabían que figuraban como titulares. El proceso comenzaba con el reclutamiento de beneficiarios, a quienes se les retenía la tarjeta. Estas personas recibían solo una fracción del subsidio —en algunos casos alrededor de $49.000— y, según la teoría fiscal, el resto se destinaba a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La operatoria requería un entramado administrativo y operativo con distintos roles asignados.
Antes del juicio, nueve personas fueron condenadas tras reconocer su participación y aceptar la imputación. Realizaban tareas como retirar dinero de cajeros automáticos o cobrar cheques para luego entregar el dinero a los responsables de mayor jerarquía.
Los condenados son: Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo López, Adrián Meza Lizama y Omar Ulises Rodríguez Quezada.
Todos recibieron penas de 3 años de prisión condicional, junto con reglas de conducta y el pago de sumas a instituciones de bien público. En uno de los casos, se restituyó la totalidad del monto reclamado.
Fuente: Medios
