El Tribunal Oral Federal N.º 7 concluirá este martes la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa central del Caso Cuadernos y abrirá formalmente el capítulo conocido como “La Camarita”, que indaga la presunta cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas. La jornada transcurre en medio de tensiones internas sobre la modalidad del debate, presencial, virtual o mixta, y la definición de la sede donde continuarán las audiencias el año próximo.
La parte final del expediente repasa las anotaciones que el exchofer Óscar Centeno afirmó haber escrito para registrar viajes, entregas de bolsos y movimientos que, según su testimonio como imputado colaborador, integraban un esquema de recaudación ilegal dirigido por ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Sus cuadernos describen días de recolección, montos en dólares, recorridos con bolsos y visitas al departamento de Cristina Kirchner, a quien se le atribuye el rol de jefa de una asociación ilícita y la condición de destinataria final de los fondos, con 175 hechos de cohecho pasivo imputados.
En este tramo también están acusados el ex ministro Julio De Vido, su ex número dos Roberto Baratta y un grupo de empresarios señalados por presuntos pagos ilegales para obtener contratos. Tras cerrar esa lectura, el tribunal iniciará la etapa de “La Camarita”, un desprendimiento de la causa principal que se concentra exclusivamente en la obra pública vial. Allí se investigan supuestos acuerdos entre empresas de la Cámara Argentina de Empresas Viales para repartirse licitaciones y fijar retornos, un mecanismo que la fiscalía sostiene que operó entre 2003 y 2015.
Por esta parte del expediente están acusados 51 empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone. Declaraciones de arrepentidos como José López, Wagner y Ernesto Clarens resultan centrales para la fiscalía, ya que describen un sistema de retornos del 3% al 5% destinado a funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional. También enfrentan acusaciones otros ex funcionarios como Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Passacantando.
El TOF 7 debe resolver ahora dos cuestiones clave, si habilitará audiencias durante la feria judicial de verano o retomará en febrero, y si aceptará trasladar el juicio al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas que la Cámara de Casación puso a disposición desde el 10 de diciembre.
Las indagatorias, previstas para 2026, serán el primer tramo del proceso con plena presencialidad. Hasta entonces, el tribunal deberá definir si mantiene el esquema mixto o si adopta definitivamente las audiencias cara a cara, una de las principales demandas de la fiscalía.
Fuente: Medios
