El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla escuchará este miércoles los pedidos de pena contra las 12 personas condenadas en septiembre por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado provincial. La maniobra, según determinó la Justicia, se llevó adelante mediante los planes sociales que autorizaba y pagaba el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Los primeros en alegar serán el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, quienes anticiparon desde el inicio del proceso que solicitarán prisión efectiva para todos los responsables. Deberán fundamentar los agravantes y atenuantes en cada caso particular.
Durante el juicio, que se extendió durante siete jornadas, se acreditó que las 12 personas participaron de una “maniobra delictiva sistemática y organizada” ejecutada por funcionarios, empleados y referentes políticos del MPN, que causó un gravísimo perjuicio económico al Estado entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Los testimonios apuntaron a que personal de planta permanente, con larga trayectoria y funciones jerárquicas, se aprovechó de beneficiarios de subsidios por desempleo para apropiarse de esos fondos.
La fiscalía también solicitará decomiso de bienes o algún tipo de reparación económica. Aunque en la acusación se había planteado que el dinero fue destinado a “integrantes de la banda” —por lo que pretendían incorporar el delito de asociación ilícita—, el tribunal descartó esa figura por falta de pruebas, al igual que la identificación de quiénes dentro del partido se beneficiaron.
La escala penal para el delito de administración fraudulenta agravada va de dos a seis años de prisión.
Tras los alegatos de los acusadores será el turno de las siete defensas, que podrían pedir penas mínimas, de ejecución condicional, o incluso probation, según cada caso. Argumentarán la falta de antecedentes penales y el impacto que tendría el encierro en sus vidas, además de los perjuicios económicos que les generó el proceso: desde 2023 no perciben salarios por el sumario administrativo que se les inició.
Responsabilidades
De las 12 personas condenadas, siete fueron declaradas coautoras:
- Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social
- Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración
- Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales
- Luis Gallo, exdirector de Finanzas
- Laura Reznik, exdirectora de Finanzas
- Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería
- Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización
Los otros cinco fueron considerados partícipes primarios: Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. Este último ya había intentado acceder a una probation, pero el tribunal se la negó porque ya había obtenido una en 2019.
Una vez finalizada la audiencia de hoy, el tribunal tendrá cinco días para fijar las penas. Luego, las partes podrán apelar ante el Tribunal de Impugnación y, eventualmente, ante el Tribunal Superior de Justicia.
En paralelo al proceso penal, la provincia deberá resolver las sanciones disciplinarias del sumario administrativo. La más grave es la exoneración, que implica la expulsión definitiva del Estado. También hay trámites abiertos en el fuero procesal administrativo y en la Justicia civil.
Fuente: Medios
