A pesar de los reiterados intentos de la defensa por moderar la situación procesal de Suyai Contreras, la Justicia neuquina resolvió que continúe cumpliendo prisión preventiva y desestimó el pedido de arresto domiciliario en una vivienda de Zapala.
El planteo fue rechazado tras una audiencia realizada a fines de la semana pasada, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó que la imputada permanezca detenida hasta el 15 de febrero de 2026. El pedido fue formulado por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco, quienes sostuvieron que los riesgos procesales que motivaron la detención no solo persisten, sino que se agravaron con el avance de las investigaciones.
Contreras está imputada en tres legajos por hechos ocurridos en Plaza Huincul: uno por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora; otro por tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizadora; y un tercero por abuso de armas. Según la fiscalía, la cercanía de los juicios previstos para febrero refuerza la necesidad de mantener la detención para garantizar su comparecencia y evitar maniobras que puedan afectar el proceso.
Durante la audiencia, Liotard recordó que desde el primer pedido de medidas cautelares, el 13 de junio, se acreditó una alta expectativa de pena, una importante solvencia económica vinculada a movimientos de dinero y bienes, y la falta de arraigo laboral, elementos que configuran un elevado riesgo de fuga.
En un primer momento, la jueza Laura Barbé había dispuesto prisión domiciliaria. Sin embargo, esa medida fue revocada pocos días después, cuando la fiscalía formuló nuevos cargos al detectar que, mientras cumplía la domiciliaria, la imputada ofreció dinero, armas y un vehículo para concretar el homicidio de la fiscal que la investigaba. A partir de ese episodio, se ordenó su traslado a prisión preventiva por decisión de otro juez de garantías.
Posteriormente, el 15 de agosto, en el marco de la causa por venta de drogas, la prisión preventiva fue prorrogada por cuatro meses.
En la audiencia del jueves pasado, el fiscal jefe sumó nuevos elementos: una condena federal reciente por infracción a la ley de estupefacientes y los resultados preliminares del análisis de teléfonos celulares, que evidenciarían maniobras de organización y distribución de drogas en volúmenes significativos.
Respecto del riesgo de entorpecimiento, Liotard advirtió que, en libertad, Contreras podría influir sobre testigos, coordinar actividades ilícitas o afectar el desarrollo de los juicios. Además, informó que el domicilio propuesto por la defensa en Zapala fue evaluado y descartado por no reunir condiciones mínimas de seguridad.
Con estos argumentos, el MPF sostuvo que la extensión de la prisión preventiva resulta proporcional, razonable y necesaria, especialmente teniendo en cuenta que los debates orales se realizarán apenas finalizada la feria judicial. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló el planteo de la fiscalía y resolvió prorrogar la prisión preventiva por cuatro meses, hasta el 15 de febrero de 2026.
Antes de resolver sobre la detención, la fiscalía informó que la investigación por venta de estupefacientes aún no está concluida. Restan una pericia contable y el informe final del análisis de tres teléfonos celulares, cuyo contenido está siendo examinado por la División Antinarcóticos de la Policía.
Por ese motivo, se solicitó extender el plazo de la investigación hasta el 15 de febrero. Todas las partes prestaron conformidad y el juez hizo lugar al pedido.
Fuente: Medios
