El gobierno nacional presentó la semana pasada el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa elaborada a instancias del Consejo de Mayo que propone derogar la actual Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006. La propuesta impulsa cambios profundos en el sistema educativo, con modificaciones en el financiamiento, los mecanismos de evaluación de docentes y estudiantes, y la incorporación de nuevas modalidades de cursado, como la educación domiciliaria y virtual.
El proyecto generó apoyos iniciales, pero también fuertes rechazos. Desde las provincias comenzaron a encenderse alertas, ya que en distritos como Neuquén se advierte que la iniciativa podría colisionar con el rol del Consejo Provincial de Educación (CPE), un organismo creado por la Constitución provincial.
Entre sus principales lineamientos, la norma propone ampliar la libertad académica y pedagógica de cada institución, habilitándolas a definir planes de estudio, orientaciones y contenidos. En sintonía con ese enfoque, el texto incorpora “formas alternativas de enseñanza” a la educación presencial tradicional en los niveles obligatorios.
En ese marco, se habilita la educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistemas Digitales Integrales, que permitirían diseñar, gestionar y evaluar procesos educativos mediados por tecnologías, tanto en modalidad virtual como híbrida.
Otro de los puntos centrales es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria que sería implementada anualmente por la autoridad nacional de aplicación para estudiantes que finalicen el nivel secundario, independientemente de la modalidad cursada.
El proyecto también propone declarar la educación como servicio esencial, con el objetivo de evitar que los paros docentes afecten el dictado de clases. Además, establece que cada institución educativa deberá rendir cuentas sobre el uso de los recursos y les otorga mayores atribuciones para contratar y remover personal.
Desde el sector sindical, las críticas no tardaron en llegar. La CTERA, confederación a la que pertenece ATEN en Neuquén, advirtió que la iniciativa “intenta borrar todo el proceso histórico de luchas por la educación pública”, y cuestionó que se desconozcan las instancias democráticas y de debate plural que permitieron sancionar la ley vigente en 2006, concebida, según remarcaron, desde una perspectiva de derecho e inclusión socioeducativa.
El gremio también alertó que el proyecto “desmantela el rol principal e indelegable del Estado como garante del derecho a la educación pública y de su financiamiento”, y que desplaza esa responsabilidad hacia las familias mediante mecanismos como subsidios a la demanda, vouchers educativos, créditos fiscales y otros instrumentos similares.
Si bien el oficialismo logró fortalecer su representación en ambas cámaras del Congreso tras las últimas elecciones legislativas, aún resulta prematuro anticipar hasta dónde podrá avanzar el proyecto. El antecedente más cercano es la Ley Federal de Educación de 1993, que no logró consenso nacional y que en Neuquén nunca se aplicó plenamente debido a la fuerte oposición del gremio docente, lo que derivó en una profunda fragmentación del sistema. Distinto fue el recorrido de la actual Ley de Educación Nacional, que sí obtuvo un respaldo parlamentario amplio.
En Neuquén, donde en los últimos años se avanzó en reformas de los contenidos curriculares tras extensos debates y tratamientos legislativos, la propuesta de una nueva ley nacional abre múltiples interrogantes. La Ley de Libertad Educativa podría implicar un cambio de paradigma y avanzar sobre las autonomías provinciales, imponiendo lineamientos desde el gobierno central, que no administra directamente establecimientos educativos, salvo las universidades nacionales, que a su vez gozan de autonomía.
Fuente: Medios
