La denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, será debatida este viernes en el Senado y podría quedar sancionada definitivamente. La iniciativa propone una reforma integral del esquema tributario con cambios en el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un sistema de declaración jurada simplificada.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherir contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Según el Gobierno, quienes ingresen a este esquema quedarán “blindados”, ya que no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos a controles sobre sus consumos.
Bajo este régimen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cobrará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados. Sobre esa base se aplicarán las deducciones correspondientes, sin considerar el eventual crecimiento patrimonial del contribuyente, que quedará fuera del control fiscal.
El proyecto también establece un efecto liberatorio del pago: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cumple con el pago en término, quedará liberado de responsabilidades, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
En materia penal, la iniciativa eleva de forma significativa los montos mínimos para configurar delitos tributarios. El piso para que una conducta sea considerada evasión simple pasará de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada solo se investigará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, muy por encima del umbral vigente.
Otro punto relevante es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que bajará de cinco a tres años. Además, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez.
En los casos en los que aún no exista denuncia penal, la acción quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, abonando un adicional del 50%.
Si bien el proyecto apunta a una flexibilización de los controles fiscales y a incentivar la regularización voluntaria, también prevé un aumento en las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
La discusión en el Senado será clave para definir el futuro de una de las reformas tributarias más ambiciosas impulsadas por el Ejecutivo en los últimos años.
Fuente: Medios.
