Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza impulsa en el Senado la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios significativos en la justicia para menores en Argentina. La norma propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reemplaza un régimen heredado de la dictadura con un sistema especial que combina sanciones, penas privativas de libertad y medidas de resocialización.
Para los delitos graves, la ley prevé penas de hasta 15 años, pero prohíbe la imposición de prisión perpetua. Los menores deberán cumplir su condena en establecimientos especiales, separados de los adultos, evitando cualquier contacto con criminales mayores de edad.
El proyecto incluye un abanico de sanciones alternativas para delitos de menor gravedad. Para delitos con penas menores a tres años, no se aplicarán prisiones, mientras que para los que implican sanciones de entre tres y diez años, y que no hayan causado muerte o lesiones graves, se priorizarán castigos con enfoque social y educativo.
Uno de los puntos que generó debate fue el financiamiento del régimen. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo, pero el oficialismo rechazó la idea y ratificó su modelo basado en convenios entre Nación y provincias.
La iniciativa busca así combinar un enfoque punitivo con medidas de resocialización, asegurando que los menores infractores tengan un trato diferenciado y que la justicia contemple tanto la responsabilidad individual como la reinserción social.
Fuente: Medios
