Agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Río Negro llevarán su reclamo salarial a la calle este miércoles 18 de febrero. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario confirmó un acampe en la Plaza San Martín de Viedma, donde exigirán que el salario mínimo de la fuerza alcance el $1.800.000, muy por encima del piso actual de $1.417.366 que fijó el gobierno provincial tras el último ajuste.
El detonante fue el anuncio oficial de un aumento del 6% escalonado para el primer cuatrimestre más un bono de compensación por 2025, una propuesta que los uniformados consideran insuficiente frente al costo de vida actual. El reclamo se alinea con el que sostienen los gremios docentes UNTER y ASSPUR que también apuntan a un básico de $2.000.000.
Desde el Consejo señalaron que el conflicto llegó a este punto por la falta de diálogo con las autoridades provinciales. Hubo contactos, pero se congelaron. La protesta, entonces, busca tanto visibilidad como reabrir la negociación. Y hay un modelo claro: el conflicto policial de Santa Fe, donde tras días de movilización se logró un aumento del 40% con cobertura mediática nacional. El Consejo espera un eco similar en Río Negro esta semana.
Más allá del sueldo
El petitorio presentado en Roca va más allá de los números. Describe una situación de vulnerabilidad extrema: agentes en riesgo de desalojo por atrasos en el pago de alquileres y familias que, según el documento, “no logran asegurar la alimentación básica”. Los uniformados también piden una reunión directa con el gobernador Alberto Weretilneck.
Qué ofreció el gobierno
La propuesta oficial contempla un incremento del 6,79% en febrero, resultado de sumar un ajuste por IPC del 5,2% más un adicional específico del 1,5%, que lleva el haber inicial a $1.417.366. El esquema incluye una suma fija no remunerativa de $250.000, pagadera en dos cuotas de $125.000 los días 20 de febrero y 20 de marzo, y un aumento del 100% en la ayuda escolar: $80.000 por hijo y $160.000 por hijo con discapacidad. En mayo se aplicará un nuevo ajuste atado a la variación del IPC de febrero y marzo.
La brecha entre lo que ofrece el Estado y lo que reclama la fuerza es, por ahora, de casi $400.000. Y este miércoles, esa diferencia se medirá en carpas y consignas en el centro de la capital rionegrina.
