El Senado se prepara para debatir el próximo jueves el proyecto de Régimen Penal Juvenil que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa forma parte de una sesión impulsada por el oficialismo que también incluirá la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El punto más destacado del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, el texto incorpora otros cambios que buscan combinar un enfoque punitivo con herramientas orientadas a la reinserción social de los menores en conflicto con la ley.
Entre sus principales ejes, la reforma —que actualiza una normativa vigente desde la última dictadura— establece un sistema de sanciones alternativas a la prisión, prohíbe la convivencia de menores con adultos en lugares de detención y fija un máximo de 15 años de pena para jóvenes, descartando la posibilidad de prisión perpetua.
El esquema prevé que para delitos con penas menores a tres años no se aplique prisión, mientras que para condenas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se prioricen medidas socioeducativas por sobre el encierro.
Uno de los cambios incorporados durante el debate fue la asignación de financiamiento específico para la implementación del régimen: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca elevar los costos del delito y que los adolescentes de 14 años tienen capacidad de comprender la gravedad de sus actos. En esa línea, promueven un criterio de responsabilidad penal más estricto.
En la oposición más crítica, en cambio, advierten que no existe evidencia concluyente de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito juvenil y señalan que el problema responde a factores estructurales de exclusión social.
El debate en la Cámara alta definirá si Argentina avanza hacia un nuevo régimen penal para menores, una discusión que vuelve a tensar posiciones entre quienes priorizan el endurecimiento de las penas y quienes reclaman políticas integrales de inclusión.
Fuente: Medios
