El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) comenzará en el Senado, donde el oficialismo impulsará cambios orientados a redefinir el régimen de protección del ambiente periglacial con el objetivo de promover proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos.
El bloque de La Libertad Avanza busca modificar artículos centrales de la normativa sancionada en 2010, que actualmente establece un sistema amplio de resguardo sobre glaciares y zonas periglaciares consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

En las últimas horas, múltiples figuras del espectáculo, la ciencia y la cultura se manifestaron en contra de la reforma y respaldaron una campaña impulsada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en defensa de la ley vigente.
🚨 EL AGUA DEL PAÍS EN PELIGRO
🧊 Mañana comienza en el Congreso el tratamiento de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. Más de 30 organizaciones ambientales y sociales sostenemos que esto pone en riesgo al agua de todo el país. pic.twitter.com/jDm71g5F6x
— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) February 25, 2026
Entre quienes expresaron su rechazo a las reformas en la ley hoy vigente, se encuentran; Ricardo Darín, Federico D’Elía, Erica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada, entre otros.
La campaña “Los glaciares no se tocan” busca advertir sobre los posibles impactos ambientales de la reforma y sostener el actual esquema de protección de los ecosistemas de alta montaña.

Desde el oficialismo argumentan que la modificación permitiría diferenciar las formaciones periglaciares con función hídrica comprobable de aquellas que podrían ser destinadas a actividades productivas, lo que, según sostienen, otorgaría mayor seguridad jurídica para la atracción de inversiones.
En contraste, organizaciones ambientalistas alertan que la reforma podría implicar un retroceso en la protección de reservas de agua dulce y afectar el abastecimiento hídrico, la agricultura sustentable y la biodiversidad en zonas cordilleranas.
Fuente: Medios







