El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el Estado provincial apeló el fallo del juicio por la causa de los planes sociales, con el objetivo de que se revise la decisión del tribunal que descartó el delito de asociación ilícita.
Tras la apertura de sesiones legislativas, el mandatario explicó que instruyó al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para que presente el recurso. “Queremos probar que existió la asociación ilícita, porque creo que hubo una organización. No estoy pidiendo nada, sino que la Justicia actúe libremente para saldar una deuda moral con Neuquén”, sostuvo.
El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla condenó a 12 personas por administración fraudulenta, pero rechazó la figura de asociación ilícita. Algunos de los condenados eran exfuncionarios del área de Desarrollo Social, mientras que otros eran empleados públicos.
La sentencia no avanzó en determinar con precisión el destino de aproximadamente un millón de dólares que habrían sido desviados en un período de dos años.
Por qué se descartó la asociación ilícita
Los jueces fundamentaron su decisión en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece criterios restrictivos para aplicar el artículo 210 del Código Penal.
En precedentes como “Compas” (1992) y “Cavalieri” (1995), el máximo tribunal señaló que no alcanza con la coautoría ni con un acuerdo circunstancial para cometer un delito. Para que exista asociación ilícita deben probarse al menos tres personas integrando una organización estable y permanente, con una finalidad delictiva común orientada a cometer delitos futuros e indeterminados.
El juez Kees explicó que, sin una estructura con vocación de continuidad más allá de los hechos investigados, no puede configurarse esa figura penal. También recordó criterios similares aplicados en la causa Vialidad y distinguió el caso de Milagro Sala, donde sí se acreditó una organización permanente.
En este expediente, el tribunal entendió que los hechos probados encuadraban en administración fraudulenta, pero no alcanzaban el estándar exigido para demostrar una estructura estable destinada a delinquir.
La posición del Gobierno
Figueroa sostuvo que el Estado actuará “como un sujeto más de derecho” para impulsar la revisión del encuadre jurídico. “Creo que existió una asociación ilícita y quiero que se siga investigando”, insistió.
El recurso será analizado por el Tribunal Superior de Justicia, que deberá definir si confirma el criterio del tribunal o si ordena revisar la tipificación penal.
Fuente: Medios
