La Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina en Neuquén presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal contra el Estado nacional para impugnar la totalidad de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral.
La presentación se realizó este lunes por la mañana ante el Juzgado Federal de Neuquén, según confirmó el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, durante una entrevista con medios locales.
De acuerdo con lo explicado por el dirigente sindical, la acción judicial se concretó luego de que el viernes se conociera la promulgación oficial de la norma por parte del Poder Ejecutivo nacional.
“Una vez dictada la promulgación, los abogados terminaron de hacer un trabajo de estudio respecto de la ley”, indicó Quintriqueo al referirse al análisis previo realizado por los equipos legales de ambas organizaciones.
El amparo busca impedir la aplicación de la normativa, que introduce cambios significativos en el ámbito laboral argentino. Aunque la ley está orientada al empleo privado y no alcanza directamente a los trabajadores estatales, los gremios decidieron cuestionar la totalidad de su contenido.
Desde los sindicatos explicaron que la decisión de avanzar con la impugnación fue tomada tras un análisis exhaustivo del texto legal por parte de los equipos jurídicos de ATE y la CTA.
“Se presentó la impugnación ante el Juzgado Federal, mediante una acción de amparo, para impedir la aplicación de la norma”, señaló Quintriqueo.
La causa quedó radicada en el juzgado federal con sede en Neuquén, donde deberá ser analizada por el magistrado correspondiente. Las organizaciones sindicales esperan que la Justicia disponga la suspensión de la ley mientras se resuelve el fondo del planteo.
La estrategia judicial impulsada por los gremios busca evitar que las modificaciones laborales incluidas en la Ley 27.802 comiencen a aplicarse en todo el territorio nacional.
Además, desde los sindicatos señalaron que esta presentación podría convertirse en un antecedente para que organizaciones gremiales de otras provincias también impulsen acciones legales similares contra la norma recientemente promulgada por el gobierno nacional.
Fuente: Medios
