La subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, afirmó que el caso de Alison Calfunao constituye un ejemplo de violencia obstétrica y, por lo tanto, una forma de violencia de género.
“Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine la justicia, este caso expone la necesidad de reflexionar sobre una forma de violencia muchas veces invisibilizada dentro del ámbito sanitario”, expresó la funcionaria.
Oehrens explicó que la violencia obstétrica se configura cuando las mujeres reciben un trato deshumanizado, se vulnera su autonomía o se producen omisiones en la atención médica que afectan su integridad física, psicológica y emocional durante procesos vinculados a la salud reproductiva.
La situación que involucra a Calfunao se originó a partir de una intervención quirúrgica programada para realizar una ligadura de trompas. Según se informó, lo que debía ser un procedimiento habitual derivó en una situación de extrema gravedad: la paciente sufrió dos paros cardíacos, requirió un trasplante de corazón y perdió una de sus piernas.
Los hechos ocurrieron durante la atención brindada por la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y en la Clínica San Lucas. Las circunstancias del caso se encuentran actualmente bajo investigación judicial.
La funcionaria recordó que existen distintas normas que reconocen y protegen los derechos de las mujeres frente a situaciones de violencia obstétrica. Entre ellas mencionó la Ley 25.929, que establece el derecho de toda mujer a recibir un trato digno, respetuoso e informado durante los procesos vinculados a su salud reproductiva.
También citó la Ley 26.485, que reconoce la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género ejercida por profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.
A nivel provincial, la Ley 2611 refuerza estos principios y establece la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Oehrens también mencionó que la jurisprudencia argentina ha comenzado a reconocer la violencia obstétrica como una forma de violencia de género que puede generar responsabilidades legales. Como antecedente citó el caso “C. C. G. y T. A. M. c/ Estado Provincial”, en el que un tribunal consideró que el trato deshumanizado, la falta de información clara y la ausencia de acompañamiento adecuado por parte del equipo médico constituyen prácticas que vulneran la dignidad de las pacientes.
En los últimos días, la causa volvió a tomar relevancia pública tras el apartamiento del fiscal Andrés Azar, decisión adoptada por el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal jefe Juan Agustín García. En su lugar fue designada la fiscal Lucrecia Sola, quien continuará con la investigación.
El pedido de apartamiento había sido presentado por los abogados querellantes, quienes cuestionaron diversas decisiones tomadas durante la investigación, entre ellas la negativa a autorizar una pericia sobre el corazón que le fue retirado a la paciente. La querella había propuesto que el estudio fuera realizado por el especialista José Milei, considerado una referencia nacional en cardiología y patología.
Desde la Subsecretaría de las Mujeres indicaron que continúan acompañando y visibilizando a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia obstétrica. “La violencia obstétrica no es un hecho aislado ni un exceso médico individual. Es una forma de violencia de género que debe ser visibilizada, denunciada y erradicada”, concluyó Oehrens.
Fuente: Medios
