El régimen de coparticipación municipal volvió al centro de la escena en Río Negro en los últimos meses, con una serie de encuentros regionales entre intendentes que culminaron esta semana en Cipolletti, con la participación de jefes comunales del Alto Valle.
Se trata de un debate considerado clave por los gobiernos locales, en medio de crecientes cuestionamientos a un sistema que arrastra desactualizaciones y distorsiones estructurales.
Un sistema con más de 40 años
La coparticipación municipal está regulada por la Ley N.º 1946, vigente desde 1985. Ese esquema estableció criterios claros para distribuir los recursos entre municipios:
- 40% según la recaudación de impuestos provinciales en cada jurisdicción
- 40% según la población
- 20% distribuido en partes iguales
El objetivo original era equilibrar dos principios: devolver recursos según lo que genera cada ciudad y, al mismo tiempo, garantizar un reparto equitativo entre todas las localidades.
Sin embargo, aunque el sistema contempla variables dinámicas, en la práctica los coeficientes no se actualizan desde hace más de dos décadas, lo que genera fuertes desajustes frente a la realidad actual.
Crecimiento que no se refleja
Uno de los principales problemas es que el crecimiento poblacional de varias ciudades no está contemplado en el esquema vigente.
Localidades como General Fernández Oro o Dina Huapi han experimentado una expansión significativa en los últimos años, lo que implica mayor demanda de servicios, infraestructura y recursos municipales. Sin embargo, esa evolución no se traduce en una mayor participación en la coparticipación.
El punto más crítico: la recaudación
El aspecto más complejo del sistema aparece en el componente tributario. La reglamentación, establecida por el Decreto N.º 2329/1986, definió cómo se calcula la recaudación en base a impuestos como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.
Pero introdujo una exclusión clave: quedaron fuera del cálculo las empresas que tributan bajo el régimen de Convenio Multilateral, es decir, aquellas que operan en más de una jurisdicción.
En su momento, esa decisión tenía un impacto limitado. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más empresas y profesionales tributan bajo ese sistema, lo que genera que una parte creciente de la actividad económica real no sea considerada en el reparto.
A esto se suma otra distorsión: muchas empresas fijan su domicilio fiscal en una ciudad, pero desarrollan su actividad en distintas localidades. De esta manera, el esquema actual termina priorizando el domicilio administrativo por sobre la actividad económica efectiva.
En la práctica, esto implica que los recursos se asignan según dónde están registradas las empresas y no necesariamente donde se genera la actividad económica.
Frente a este escenario, crece el consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más transparente y representativo.
Una alternativa en análisis
Entre las propuestas que surgen en el debate aparece la posibilidad de implementar un convenio multilateral de alcance provincial, que permita distribuir los recursos en función de la actividad económica real de cada municipio.
Este esquema tomaría como referencia el sistema que ya existe entre provincias, que distribuye la base imponible según dónde se producen las ventas, los servicios o la producción.
De aplicarse una lógica similar dentro de Río Negro, se lograría una asignación más precisa y equitativa, evitando que el domicilio fiscal determine por sí solo el reparto de fondos.
Cualquier modificación en las reglas de distribución implicará cambios en la participación de los municipios: algunos podrían beneficiarse y otros perder recursos relativos.
Aun así, el eje del debate apunta a avanzar hacia un sistema más justo, actualizado y acorde a la dinámica económica actual.
En definitiva, si la coparticipación busca reflejar la población, la actividad económica y las necesidades reales de cada comunidad, el desafío será que el esquema evolucione al mismo ritmo que la provincia.
Fuente: Medios.
