El escándalo por las conexiones eléctricas clandestinas detectadas en barrios privados de Neuquén reavivó el debate sobre las consecuencias legales y el nivel de organización detrás de estas maniobras. Desde CALF advirtieron que, pese al perjuicio económico que generan, estos casos suelen terminar con sanciones leves en la Justicia.
Las irregularidades detectadas en viviendas de alto poder adquisitivo pusieron el foco en cómo se realizan estas conexiones ilegales y quiénes participan en su instalación. Según explicó el exgerente de la cooperativa, Roberto Mayorga, cuando se detecta una maniobra de este tipo, el caso se judicializa, aunque rara vez deriva en penas de prisión.
“Generalmente termina en una probation o en una multa”, indicó, al remarcar que el fraude eléctrico es considerado un delito menor dentro del sistema penal. En ese contexto, muchos expedientes se resuelven mediante acuerdos judiciales, lo que reduce el impacto de las sanciones.
Instalaciones complejas y conocimiento técnico
Uno de los aspectos más llamativos es el grado de sofisticación de algunas conexiones clandestinas. Mayorga explicó que este tipo de intervenciones requiere conocimientos específicos sobre redes eléctricas y funcionamiento de medidores.
Por eso, una de las principales hipótesis apunta a personas con experiencia en el sector. “Suelen ser ex trabajadores de empresas eléctricas o personas con conocimientos técnicos suficientes”, señaló. En muchos casos, se trataría de trabajos realizados por encargo y a cambio de dinero.
Dificultades para detectar el fraude
Las características de los barrios privados también dificultan la detección. En estas urbanizaciones, las redes eléctricas suelen ser subterráneas, lo que complica la identificación de irregularidades.
“Las instalaciones están bajo tierra y eso hace más difícil encontrarlas”, explicó Mayorga. Además, remarcó que las maniobras no son improvisadas, sino planificadas para pasar desapercibidas.
Aun así, desde la cooperativa aseguraron que los controles son permanentes. Entre las herramientas utilizadas se encuentra el sistema de “barrido”, que permite revisar medidores de manera sistemática en distintos sectores. También se detectan casos a partir de denuncias de vecinos o alertas del propio personal técnico.
Aunque los últimos casos generaron repercusión por involucrar a viviendas de alto poder adquisitivo, desde CALF remarcaron que el fraude eléctrico no distingue sectores sociales. “Personas deshonestas hay con plata y sin plata”, sintetizó el exgerente.
Mientras avanza la investigación sobre los llamados “enganchados VIP”, el foco está puesto tanto en las posibles sanciones para los propietarios como en identificar a quienes realizan estas complejas instalaciones clandestinas.
Fuente: Medios
