La diputada rionegrina Lorena Villaverde volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que figura entre quienes recibieron los créditos hipotecarios más altos otorgados por el Banco Nación. Se trata de una línea con tasa bonificada destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda, que ahora genera cuestionamientos por el perfil patrimonial de la dirigente.
El programa está orientado a personas sin vivienda propia. Sin embargo, en el caso de Villaverde —empresaria inmobiliaria con actividad reconocida en el sector—, el acceso al crédito despierta dudas. Es titular de una inmobiliaria en San Antonio Oeste y participa en desarrollos en distintas localidades.
Según sus declaraciones juradas, al asumir en 2023 registró una propiedad en Escobar valuada en 25 mil dólares, un monto que contrasta con los valores de mercado en barrios privados de la zona norte del Gran Buenos Aires. También figura vinculada a un terreno de 133 hectáreas en Las Grutas, donde realizó loteos que derivaron en reclamos de compradores que aún no pueden escriturar.
En 2024, sumó a su declaración un crédito por 17,5 millones de pesos para adquirir una vivienda en Mari Menuco. Ahora, su nombre aparece en el listado nacional con un préstamo de 310 millones de pesos, otorgado para una propiedad en un barrio privado de Cipolletti.
El caso no solo genera ruido por el monto, sino también por el contexto. En Las Grutas, la dirigente mantiene conflictos judiciales vinculados a desarrollos inmobiliarios, con expedientes que incluyen embargos. Esto vuelve llamativo el acceso a una línea crediticia que exige determinadas condiciones financieras.
Además, el trámite del préstamo quedó bajo sospecha. La diputada del ARI Mónica Frade denunció que la carpeta de Villaverde habría sido rechazada inicialmente por una sucursal y luego aprobada tras una supuesta intervención del presidente del banco, Daniel Tillard. Hasta el momento, la entidad no confirmó ni desmintió esa versión.
El impacto político y la renuncia de Massaccesi
El escándalo también tuvo repercusiones dentro del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Uno de los casos más resonantes fue el de Leandro Massaccesi, quien figuraba con un crédito aún mayor, por 440 millones de pesos.
Tras la difusión del listado, la ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia en el marco de una política de “tolerancia cero” frente a situaciones que generen controversia pública. Massaccesi intentó defenderse, pero dejó su cargo.
Con un funcionario desplazado y una dirigente nuevamente bajo cuestionamientos, el foco se desplaza más allá de los montos: apunta a los criterios de acceso, los controles y los posibles privilegios en la asignación de créditos destinados a la vivienda.
Fuente: Medios
