La causa por la presunta administración fraudulenta en la Cooperativa 127 Hectáreas avanza hacia una etapa decisiva, luego de que fracasara la instancia de mediación en el Ministerio Público Fiscal. Con ese escenario, todo indica que la Fiscalía se encamina a formular cargos contra el presidente de la entidad, Jorge Salas, y parte de su conducción.
En ese contexto, un grupo de 44 docentes nucleados en ATEN, representados por la dirigencia sindical, se presentó en Ciudad Judicial para participar de una audiencia informal convocada por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero. El objetivo fue que los damnificados pudieran exponer en primera persona su versión de los hechos.
El conflicto gira en torno a la falta de entrega de viviendas y lotes prometidos, en un proyecto que involucró a decenas de trabajadores de la educación que invirtieron recursos durante años con la expectativa de acceder a su hogar.
Desde ATEN, la secretaria adjunta Cintia Galetto expresó el reclamo del sector: “Exigimos respuestas urgentes para quienes han visto frustrados sus proyectos de vida, después de haber invertido tiempo y dinero con la expectativa de acceder a su vivienda”.
Uno de los puntos clave es que la mediación quedó definitivamente descartada, al no lograrse un acuerdo entre las partes. Esto implica que la causa seguirá su curso en el fuero penal y se acerca a una instancia en la que podría concretarse la imputación formal.
En paralelo, la fiscalía continúa tomando declaraciones a distintos grupos de damnificados, no solo vinculados a ATEN, sino también a particulares y otras organizaciones que denuncian haber sido perjudicadas por la operatoria de la cooperativa.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que tanto los abogados querellantes como los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal ya están en condiciones de avanzar con la formulación de cargos. El próximo paso será solicitar una audiencia en la que se imputaría formalmente a Salas y al resto de la comisión directiva.
El trasfondo del caso es un conflicto de fuerte impacto social: docentes que apostaron a un proyecto de acceso a la tierra y hoy denuncian irregularidades que impidieron concretarlo.
Una propuesta millonaria que no prosperó
Durante la etapa de mediación se analizaron alternativas para resolver el conflicto, entre ellas un esquema de reparación económica que rondaba los 4.000 millones de pesos.
La cifra surgía de los costos estimados para urbanizar los lotes —con servicios básicos como agua, luz, gas y cordón cuneta—, que actualmente se ubican entre 7 y 8 millones de pesos por terreno. El proyecto contemplaba la generación de unos 620 lotes, de los cuales una parte correspondía a los damnificados.
Sin embargo, ninguna de las propuestas prosperó y el conflicto terminó de encaminarse hacia la vía penal, en un proceso que ahora podría derivar en imputaciones y responsabilidades judiciales.
Fuente: Medios
