Cuotas alimentarias en crisis: crecen los reclamos y la dificultad de cobro en Río Negro
La informalidad laboral y la falta de bienes complican la ejecución de acuerdos en los juzgados de Familia.
Lucía Palma
Detrás de cada cuota alimentaria que no se paga hay un patrón que se repite en los juzgados de Familia de Río Negro: ingresos informales, acuerdos que no se sostienen y un sistema judicial cada vez más exigido para garantizar un derecho básico de niños, niñas y adolescentes.
La problemática se refleja en el aumento de los reclamos judiciales y en la dificultad creciente para sostener acuerdos, incluso en instancias de mediación. En muchos casos, los conflictos terminan en procesos largos, atravesados por la falta de empleo formal y la imposibilidad de ejecución efectiva de las cuotas, lo que deriva en deudas que se acumulan y afectan directamente la vida cotidiana de los hijos.
La jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes, explicó que uno de los mayores problemas aparece cuando el progenitor obligado no tiene trabajo registrado ni bienes a su nombre.
“Ahí el problema no es fijar la cuota, sino ejecutarla. Si no hay ingresos formales ni bienes para embargar, se vuelve mucho más complejo garantizar el cobro”, señaló.
Fredes vinculó esta situación con la realidad económica actual: “Hay mucho trabajo en negro, changas, personas desocupadas o que solo perciben asignaciones. Todo eso impacta en el cumplimiento”.
Cómo se define la cuota alimentaria
La magistrada explicó que la mayoría de los procesos se inician luego de una mediación prejudicial obligatoria sin acuerdo, y que en general son las mujeres quienes presentan la demanda.
Uno de los errores más frecuentes es pensar que existe un porcentaje fijo por ley. “No hay un 20% por hijo o un 30% por dos. Cada caso se analiza de manera particular”, aclaró.
“Cada vez es más difícil lograr acuerdos”, afirmó la jueza de Familia Paula Fredes.
La obligación alimentaria, en términos generales, se extiende hasta los 21 años, y puede llegar hasta los 25 si el hijo o hija continúa estudiando y no puede sostenerse por sus propios medios.
Para definir el monto, los jueces evalúan la situación económica de ambos progenitores, las necesidades de los niños, incluidas salud o discapacidad, y las condiciones de vida en cada hogar. El objetivo es que los hijos mantengan un nivel de vida similar en ambos contextos familiares.
El valor del cuidado y los criterios judiciales
En la determinación de la cuota también se contempla el trabajo de cuidado. “Quien cuida también aporta. Ese cuidado tiene un valor económico”, explicó Fredes, en referencia a su incorporación en el Código Civil y Comercial.
En algunos casos, además, se utiliza la canasta de crianza, un índice que estima los costos de crianza hasta los 12 años, incluyendo gastos materiales y tiempo de cuidado.
La jueza aclaró que este indicador es útil pero limitado, ya que solo cubre la primera infancia. A partir de la adolescencia, los tribunales recurren a otras referencias como el salario mínimo vital y móvil para establecer los montos.
Desde el Poder Judicial remarcan que la cuota alimentaria no es voluntaria, sino un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, destinado a cubrir alimentación, salud, educación y vivienda.
Sin embargo, advierten que persiste el desconocimiento sobre su alcance y obligatoriedad, especialmente cuando no hay asesoramiento legal adecuado.
El REDAM y las sanciones en Río Negro
En la provincia, una de las principales herramientas para garantizar el cumplimiento es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que actualmente cuenta con alrededor de 1.500 personas inscriptas.
La inscripción se ordena judicialmente cuando se adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A partir de allí, se aplican restricciones como la imposibilidad de renovar licencias de conducir, realizar trámites o acceder a habilitaciones comerciales.
El sistema está integrado a nivel nacional, lo que permite detectar automáticamente a los deudores durante controles de tránsito. La permanencia en el registro se mantiene hasta que la deuda es completamente saldada.
Ante el incumplimiento, los juzgados recurren cada vez más a medidas conminatorias, que buscan presionar el cumplimiento a través de restricciones en la vida cotidiana.
“Las medidas pueden ser económicas o no económicas. En muchos casos se aplican prohibiciones de salida del país, retención de licencias o disposiciones más innovadoras”, explicó Fredes.
Entre los casos recientes, se registró incluso la prohibición de cargar combustible hasta regularizar una deuda alimentaria.
No obstante, la efectividad de estas medidas varía según cada situación. “Todo depende del apego a la ley que tenga cada persona”, señaló la jueza.
Más causas y menos acuerdos
Otro fenómeno en crecimiento es la caída de acuerdos extrajudiciales. Cada vez más casos llegan directamente a sentencia. “Antes había más acuerdos. Hoy es mucho más difícil”, indicó Fredes.
Según datos del Poder Judicial, en 2025 se registraron 1.645 procesos por alimentos en Río Negro, lo que representa el 7,9% de las causas del fuero de Familia. En 2024 habían sido 1.563, lo que evidencia un incremento interanual cercano al 8%.
Un problema que excede a la Justicia
Desde el ámbito judicial advierten que, si bien existen herramientas legales para intervenir, el problema de fondo es estructural.
“Los juzgados resolvemos conflictos jurídicos, pero detrás hay problemáticas sociales que requieren la intervención de otros organismos del Estado”, concluyó Fredes.
En ese escenario, el desafío sigue siendo garantizar que un derecho básico como la cuota alimentaria pueda cumplirse de manera efectiva en un contexto marcado por la informalidad laboral, la desigualdad y la creciente conflictividad familiar.
