La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michael González, madre y padrastro de Ángel López, el niño de 4 años asesinado la semana pasada. La medida fue dispuesta por el juez penal Alejandro Soñis, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal tras conocerse los resultados de la autopsia, que describen un escenario de violencia extrema.
El magistrado sostuvo que existen riesgos procesales y falta de arraigo de los imputados, quienes habrían vivido en distintas provincias como Misiones y Córdoba antes de establecerse en Chubut.
Según la acusación fiscal, la muerte del niño fue consecuencia de una agresión directa y reiterada, mientras que la defensa intentó relativizar la gravedad de las lesiones, una postura que generó fuerte rechazo en el ámbito judicial.
Uno de los momentos más controversiales de la audiencia se dio cuando los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas intentaron encuadrar las lesiones como “coscorrones” en un supuesto contexto de corrección familiar.
Sin embargo, el informe forense es contundente: el cuerpo de Ángel López presentaba al menos 22 golpes en la zona del cráneo, producidos entre 7 y 10 días antes de su muerte.
Ante esta versión, el fiscal Facundo Oribones rechazó los argumentos de la defensa y cuestionó la explicación por su falta de sustento frente a la evidencia médica. Además, la fiscalía investiga si Michael González tendría conocimientos en artes marciales, lo que podría agravar su situación procesal.
El dolor de la familia
En las afueras del edificio judicial, el padre biológico del niño, Luis López, expresó su profundo dolor y exigió justicia. “Me lo mataron, quiero que se haga justicia”, manifestó mientras sostenía un juguete de su hijo.
López también cuestionó los pedidos de condiciones de detención realizados por los imputados, en contraste con la situación de vulnerabilidad en la que vivía el niño.
Por su parte, Lorena Andrade, pareja del padre y figura cercana en la crianza de Ángel, describió a los acusados con extrema dureza y recordó el acompañamiento que ella brindaba al menor.
Investigación en curso
El jefe de fiscales, Cristian Olazabal, calificó como “inverosímil” la versión de la madre, quien aseguró haber realizado maniobras de RCP durante 35 minutos antes de pedir asistencia médica.
La investigación continúa con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la evaluación de posibles agravantes, como la alevosía, dada la vulnerabilidad de la víctima.
Vecinos de la zona también comenzaron a aportar testimonios sobre la situación del niño, señalando posibles episodios previos de maltrato.
El caso, que ya generó fuerte conmoción, continúa avanzando bajo la calificación de un hecho de extrema gravedad que podría tener nuevas imputaciones en los próximos días.
Fuente: Medios.
