El Gobierno nacional enviará en las próximas horas una nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para intentar destrabar negociaciones en el Senado y conseguir respaldo de bloques dialoguistas a los candidatos impulsados por el oficialismo para la Justicia federal.
Los pliegos ingresarán durante la sesión ordinaria convocada para este jueves en la Cámara alta, donde además se debatirán proyectos vinculados al pago de acuerdos con fondos buitres, la regularización de armas de fuego y la prórroga del mandato del camarista Carlos Mahiques.
La estrategia del oficialismo apunta a cubrir vacantes judiciales en provincias del interior, un reclamo impulsado por senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, que condicionan el avance de otros 47 pliegos judiciales a que el Poder Ejecutivo envíe postulantes para juzgados fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia bonaerense.
En ese marco, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de candidatos para cubrir cargos vacantes en Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán. El oficialismo cuenta con cinco representantes sobre los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado, por lo que necesita respaldo de sectores aliados para avanzar con los dictámenes correspondientes.
En paralelo, esta semana continuarán las audiencias públicas para evaluar a otros 30 postulantes a cargos judiciales. Entre ellos figuran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Otro de los temas centrales de la sesión será el tratamiento del proyecto que autoriza al Gobierno a pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, con el objetivo de cerrar litigios internacionales vinculados a títulos públicos argentinos y evitar eventuales embargos sobre activos del país.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece pagos por US$67 millones para Bainbridge Ltd. y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según el Gobierno, el acuerdo permitirá resolver causas judiciales abiertas en el exterior y evitar condiciones financieras “más gravosas” para la Argentina.
La Cámara alta también buscará convertir en ley el proyecto aprobado en Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y extender hasta diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones. La iniciativa incorpora un mecanismo simplificado para regularizar la tenencia legítima de armas y habilita trámites virtuales ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Además, quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en el manejo de armas.
El proyecto también establece un plazo de 360 días para que personas con armas no autorizadas puedan presentarse ante la ANMaC y regularizar su situación o entregarlas voluntariamente para su destrucción, sin consecuencias legales.
Fuente: Medios
