La Justicia federal autorizó que Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso señalado como líder de una organización investigada por presunta trata de personas y prácticas sexuales coercitivas, continúe detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Hasta ahora, el acusado permanecía alojado en el penal de Rawson desde su captura en marzo del año pasado.
La medida fue dispuesta por el juez federal Gustavo Zapata, quien autorizó el traslado del imputado hacia una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de San Vicente. Para acceder al beneficio, Rudnev deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, utilizar tobillera electrónica y cumplir con una prohibición absoluta de contacto con la víctima involucrada en la investigación.
El avance de la prisión domiciliaria se produjo luego de que el Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca rechazara una impugnación presentada por la fiscalía. El Ministerio Público pretendía que el acusado siguiera detenido en Rawson, aunque los magistrados consideraron que la resolución cuestionada no generaba un perjuicio irreversible para el expediente.
La prisión domiciliaria ya había sido autorizada en enero, pero distintas objeciones judiciales y operativas demoraron su implementación.
En las últimas semanas, el caso tomó dimensión internacional. La abogada francesa Patricia Duval presentó denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde sostuvo que la detención del acusado resulta “arbitraria e inhumana”.
Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza un pedido de medidas cautelares relacionado con el expediente, mientras que el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones conformó una comisión internacional de especialistas para monitorear el proceso judicial argentino.
Si la Policía Federal logra coordinar el operativo, el traslado de Rudnev podría concretarse en las próximas horas.
Quién es Konstantin Rudnev
Rudnev, de 59 años, fundó en 1989 la secta Ashram Shambala en la ciudad rusa de Novosibirsk, en Siberia. Allí construyó una estructura religiosa en la que se presentaba como “Gran Shaman Shri Dzhnan Avatar Muni” y afirmaba tener origen extraterrestre.
En Rusia fue condenado en 2013 a 11 años de prisión por delitos vinculados a abusos sexuales, violaciones a los derechos humanos y tráfico de drogas. La organización fue prohibida oficialmente un año después.
Tras recuperar la libertad en 2021, abandonó Rusia y se instaló en Montenegro. Allí volvió a ser investigado por presuntas violaciones grupales filmadas y episodios de “pornografía ritual” ocurridos en un hotel del que huyó antes de un allanamiento.
Más tarde ingresó a Argentina y se radicó en Bariloche junto a otros integrantes de la organización. La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que buscaba obtener ciudadanía argentina mediante el reconocimiento de un bebé para luego trasladarse a Brasil, donde existiría otra estructura vinculada a la secta.
El episodio en Bariloche que disparó la investigación
La causa judicial se inició tras una intervención médica en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde profesionales detectaron una situación sospechosa durante la atención de una mujer rusa embarazada.
La responsable del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, Angélica Calfín, explicó que dos mujeres controlaban permanentemente a la embarazada y limitaban su capacidad de decisión.
“Todo el tiempo decidían ellas y no la dejaban hablar”, relató Calfín sobre el episodio que derivó en la activación de protocolos judiciales y de asistencia.
La mujer y el bebé permanecieron internados durante 21 días y posteriormente fueron derivados a un refugio en Buenos Aires. Tiempo después regresaron a Rusia.
Qué sostiene la fiscalía
La investigación judicial apunta a determinar si integrantes de la organización intentaron adulterar documentación para inscribir al bebé como hijo de Rudnev y facilitar así trámites migratorios hacia Brasil.
Según la fiscalía, el análisis de teléfonos celulares, audios, videos y mensajes permitió reconstruir el supuesto funcionamiento interno de la organización.
Los investigadores sostienen que existía un esquema de control estricto sobre los miembros, con restricciones alimentarias, autorización de compras y ayunos obligatorios utilizados como mecanismo de castigo.
Durante los allanamientos también se secuestraron vajilla rotulada con nombres y depósitos de alimentos cerrados bajo llave, elementos que fueron incorporados al expediente como prueba del presunto sistema coercitivo que funcionaba dentro de la organización.
Fuente: Medios.
