El Gobierno nacional adjudicó la concesión de dos sectores de la red vial nacional por un plazo de 20 años y avanzó así con el proceso de privatización de corredores viales impulsado en el marco de la Ley Bases. La medida fue oficializada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El esquema contempla la operación de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y sin subsidios estatales. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nuevo modelo prevé inversión “100% privada” para la administración y mantenimiento de los corredores.
Las empresas adjudicatarias tendrán a cargo tareas de construcción, explotación, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios de las rutas concesionadas. En el denominado Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, la adjudicación quedó para el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que presentó una tarifa de peaje de $997 sin IVA.

Por su parte, el Tramo Pampa fue adjudicado a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, cuya oferta económica estableció una tarifa de $2.355,37 más IVA. Según el dictamen de la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas fueron consideradas las “más convenientes para el interés público” y cumplieron con las condiciones establecidas en los pliegos de licitación.
En el caso del Tramo Sur, detrás de la oferta ganadora quedaron el consorcio conformado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint; luego Benito Roggio e Hijos junto a José Chediack; y posteriormente las firmas CPC y Clear Petroleum, entre otras compañías participantes.
Para el Tramo Pampa, el segundo lugar correspondió al grupo integrado por CN Sapag y Víctor M. Contreras, seguido por CPC y Clear Petroleum y otras uniones transitorias de empresas vinculadas al sector de infraestructura y construcción vial.
La resolución oficial también indicó que el proceso licitatorio no recibió impugnaciones luego de la apertura de sobres económicos. El avance sobre los corredores viales forma parte del plan de reforma del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que contempla la privatización de distintas empresas y servicios públicos administrados por el Estado nacional.
Fuente: Medios









