El fiscal federal Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar con el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.
La solicitud forma parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial impulsada por la fiscalía, orientada a recuperar activos vinculados a la maniobra de administración fraudulenta investigada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según el Ministerio Público, el objetivo es cubrir el perjuicio económico al Estado fijado por la Justicia, que supera los $685.000 millones.
El inmueble de Constitución aparece incluido entre los bienes considerados de mayor relevancia dentro del listado presentado por la fiscalía. De acuerdo al dictamen de Luciani, la propiedad estaría vinculada al entramado patrimonial bajo investigación y debería incorporarse al decomiso dispuesto tras la condena firme contra la exmandataria.
Además del departamento donde Cristina Kirchner permanece detenida, el pedido contempla el decomiso de 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otros 128 a empresas relacionadas con el empresario Lázaro Báez. La lista también incluye 46 vehículos, más de US$ 4,6 millones hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y otros fondos depositados en cuentas bancarias.
Entre los activos alcanzados figuran además el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos y distintas propiedades y terrenos ubicados en Santa Cruz.
En su presentación, Luciani sostuvo que los condenados fueron intimados a devolver el monto fijado por la Justicia y remarcó que “no han depositado ni un solo peso”, situación que —según argumentó— habilita el avance sobre sus bienes. El fiscal también señaló que el patrimonio detectado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados.
El planteo quedó ahora bajo análisis del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que deberá resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de decomiso.
Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar la ejecución patrimonial, en una disputa que podría volver a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Medios
