Durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, Ruiz reconoció haber cometido los delitos de peculado y administración fraudulenta agravada, renunciando así a la realización de un juicio oral.
El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías Lucas Yancarelli, quien le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la realización de 288 horas de trabajo comunitario y el decomiso de más de 57 millones de pesos que permanecían bajo custodia judicial.
La audiencia tuvo un momento particular cuando el magistrado cuestionó la demora del acusado para presentarse en la sala. Los defensores atribuyeron la situación a problemas de tránsito desde Plottier, donde reside Ruiz.
Los dos hechos que reconoció
El primero de los delitos admitidos por el exfuncionario está relacionado con el desvío de fondos públicos destinados a Casa de las Leyes.
Según la investigación, entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024 transfirió a cuentas personales un total de $52.798.459 provenientes de recursos administrados por ese organismo.
La fiscalía determinó que el dinero era depositado inicialmente en cuentas oficiales y luego derivado a cuentas particulares, donde se constituían plazos fijos para obtener rendimientos financieros.
La maniobra fue detectada por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), que advirtió movimientos inusuales debido a la condición de funcionario público del acusado. Sin embargo, la investigación concluyó que las operaciones continuaron posteriormente mediante la utilización de cheques.
El segundo hecho reconocido generó un perjuicio estimado en $45.482.688 para el Estado provincial.
En este caso, Ruiz admitió haber participado en maniobras vinculadas a contrataciones publicitarias realizadas fuera de los procedimientos administrativos establecidos, con valores superiores a los de mercado y mediante mecanismos considerados excepcionales.
La fiscalía sostiene que en esos hechos también habrían participado la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini y la ex prosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez.
Atenuantes, agravantes y devolución del dinero
Durante la audiencia, el fiscal Juan Narvaez explicó que la pena acordada tuvo en cuenta distintos factores. Como atenuantes se valoró que Ruiz no registraba antecedentes penales y que aceptó su responsabilidad en los hechos investigados.
Entre los agravantes, el Ministerio Público Fiscal destacó la continuidad de las maniobras a lo largo del tiempo, el monto involucrado y el aprovechamiento de su función pública para concretarlas.
El fiscal describió el esquema montado por el acusado como una especie de “sistema financiero” basado en fondos estatales, ya que el dinero era colocado en plazos fijos para generar ganancias.
Cuando comenzó la investigación, la Justicia inmovilizó alrededor de 55 millones de pesos que se encontraban en cuentas vinculadas a Ruiz. Esos fondos fueron depositados en una cuenta judicial y, con los intereses acumulados, alcanzaron los $57.736.346,85.
El juez autorizó que ese dinero sea transferido al Estado provincial, que deberá definir posteriormente el destino de los recursos recuperados.
Con la homologación del acuerdo, la causa quedó resuelta sin necesidad de llegar a juicio oral. Ruiz aceptó la condena y la responsabilidad por los hechos investigados, aunque durante la audiencia no formuló declaraciones públicas ni pidió disculpas.
Fuente: Medios
