Río Negro modificó las pautas de Suelo Urbano para endurecer los controles y fijar exigencias en los lotes con servicios

Río Negro oficializó una reconfiguración en las reglas de juego del programa de Suelo Urbano. A través de una nueva reglamentación, se busca optimizar la asignación de terrenos.

El Gobierno de Río Negro aprobó una nueva reglamentación para el programa provincial Río Negro Suelo Urbano, que está destinado a la construcción de servicios e infraestructura en loteos.

Uno de los cambios más relevantes es que no podrán acceder quienes tengan imputación firme o condena por usurpaciones o tomas de tierras públicas y privadas desde la sanción de la Ley K 5.474.

Más planificación y control sobre los proyectos
La nueva reglamentación pone el foco en la planificación urbana y la infraestructura básica de los desarrollos.

El programa Río Negro Suelo Urbano busca financiar y promover la generación de lotes con servicios como agua potable y energía eléctrica, mediante obras de infraestructura acordadas con municipios y otros organismos.

En ese marco, el nuevo decreto establece que ningún proyecto podrá avanzar sin un Plan Maestro de Infraestructura Básica, requisito obligatorio antes de emitir certificados urbanísticos y dominiales.

Según el texto oficial, la medida apunta a evitar problemas de escrituración, demoras en la entrega de lotes y urbanizaciones sin servicios suficientes o con fallas de planificación.

Además, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) tendrá mayores facultades para supervisar proyectos, coordinar organismos técnicos y controlar la ejecución de obras.

El decreto también establece que, cuando las tierras pertenezcan al Estado provincial, el valor de los lotes será uniforme en todo Río Negro.

Qué es Río Negro Suelo Urbano
El Programa Provincial Río Negro Suelo Urbano fue creado para facilitar el acceso al suelo urbano mediante la generación de lotes con servicios.

La iniciativa prevé poner a disposición al menos 12.000 lotes en cinco años a través de un trabajo articulado con municipios, cooperativas, mutuales, sindicatos e instituciones.

El esquema funciona a través de dos herramientas principales:, el Banco de Tierras, destinado a registrar inmuebles disponibles para urbanización y el Registro de Demanda, donde las familias pueden inscribirse para acceder a los proyectos. La autoridad de aplicación del programa es el IPPV.

Fuente Medios

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