La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejó firmes las condenas contra exfuncionarios del gobierno de Miguel Saiz en la causa que investigó el uso irregular de fondos públicos destinados al pago de adicionales salariales.
La resolución alcanza a ocho exintegrantes de la administración provincial y pone fin a un proceso judicial que se extendió durante más de una década. Según determinó la Justicia, entre 2004 y 2010 se implementó un mecanismo paralelo para distribuir recursos estatales sin los controles administrativos habituales ni registros formales de asignación.
Con la decisión del máximo tribunal, quedaron confirmadas las penas de 3 años y 6 meses de prisión para los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco González (Coordinación).
Además, recibieron condenas de 2 años y 6 meses de prisión los exfuncionarios Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno).
También quedó firme la condena contra el extesorero José Ongaro. En tanto, la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci había sido declarada prescripta durante el proceso.
El fallo de la Corte
Los recursos ante la instancia federal habían sido presentados en 2020, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmara las condenas dictadas previamente por la Cámara Criminal de Viedma.
En una resolución firmada este jueves, la Corte declaró “mal concedidos” los planteos de las defensas y sostuvo que los recursos no cumplían con los requisitos exigidos para habilitar la revisión extraordinaria.
Según el fallo, los planteos “no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma” y tampoco logran rebatir los argumentos centrales de las sentencias cuestionadas.
La decisión alcanza a Barbeito, González, Ongaro, Larreguy, Accatino, Contreras, Pega y Uría, quienes buscaban revertir las condenas que ya habían sido ratificadas por la Justicia rionegrina.
Una causa iniciada en 2011
La investigación penal se originó en 2011, tras una investigación periodística publicada por el diario RÍO NEGRO, que reveló presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La Justicia concluyó que los recursos estatales eran utilizados para el pago de adicionales salariales a funcionarios mediante un sistema que operaba por fuera de los mecanismos formales de control y registración.
En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los acusados por el delito de peculado. Dos años después, el Superior Tribunal de Justicia confirmó las penas y ahora la Corte Suprema rechazó el último recurso disponible para los imputados.
Con esta resolución, las condenas quedaron definitivamente firmes y se cierra uno de los expedientes de mayor impacto político vinculados a la gestión del exgobernador Miguel Saiz, al involucrar a gran parte de su gabinete y exponer un esquema de manejo de fondos públicos que funcionó durante varios años al margen de los controles administrativos del Estado.
Fuente: Medios.
