El Senado debatirá este jueves el proyecto de Ley de Propiedad Privada, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno, que llegará al recinto con modificaciones respecto de la propuesta original, especialmente en lo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo aceptó incorporar cambios para limitar la adquisición de tierras por empresas extranjeras. Entre las alternativas que se analizan figura establecer un tope a la cantidad de kilómetros que podrá comprar una misma firma y exigir la aprobación del Congreso Nacional cuando en la operación intervengan Estados extranjeros, además del aval de las provincias y del Gobierno nacional.
El tratamiento de la iniciativa había sido postergado a comienzos de junio debido a diferencias en torno al capítulo que eliminaba las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
El proyecto también introduce modificaciones en las normas sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, luego de que el texto original fuera reformulado durante su discusión en comisión. Además, se eliminó el capítulo que proponía cambios en la ley de barrios populares.
En materia de tierras rurales, la propuesta mantiene que las provincias conservarán la jurisdicción sobre su territorio y deberán autorizar las operaciones de compraventa cuando no participen Estados extranjeros. A su vez, se prohíbe que gobiernos extranjeros, empresas con participación estatal o fondos vinculados a otros países puedan adquirir tierras en el territorio nacional.
Respecto de los desalojos, el proyecto establece un procedimiento abreviado únicamente para los casos de inmuebles usurpados. En las restantes situaciones, se mantendrán los plazos actuales. El propietario deberá intimar al inquilino a regularizar la deuda dentro de un plazo de diez días y, si persiste el incumplimiento, podrá iniciar el proceso judicial por la vía más rápida prevista por la legislación.
En cuanto a las expropiaciones, la iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y con fundamentos precisos. Además, fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante e incorpora un mecanismo para calcular los intereses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Por último, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina la prohibición de cambiar el uso de tierras rurales incendiadas durante 30 años. Sin embargo, mantiene la restricción para los bosques nativos, aunque suprime el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
Fuente: Medios
