La Justicia de Río Negro avanzó este jueves con una nueva etapa de la investigación por presuntas irregularidades en el programa Techo Digno en la localidad de Cervantes. Durante una audiencia realizada en General Roca, el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra dos empresarios de la construcción y completó la acusación en base a nuevas pruebas incorporadas al expediente.
La reformulación se sustentó en pericias contables realizadas por la Unidad de Análisis Contable, Económico y Financiero (UACEF), además de entrevistas e información obtenida durante la investigación.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó que ambos empresarios sean acusados como partícipes necesarios del delito de defraudación a la administración pública, previsto en los artículos 174 inciso 5°, 173 inciso 7° y 45 del Código Penal.
Las defensas de los imputados rechazaron la reformulación. El defensor penal público Miguel Salomón recusó al juez de Garantías que intervino en la audiencia al considerar que no podía actuar en esta instancia por haber participado previamente en el trámite de un juicio abreviado relacionado con la causa.
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió solicitar una nueva audiencia para que se analice y resuelva el planteo de recusación.
La acusación
Según explicó la fiscal jefe Graciela Echegaray, la investigación determinó la presunta participación de los empresarios en maniobras vinculadas a la ejecución de obras del programa federal Techo Digno.
Uno de ellos está acusado de haber incumplido las condiciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones correspondientes al acuerdo 1922/2014, en el marco de la licitación para la construcción de 48 viviendas e infraestructura en Cervantes.
El segundo empresario fue señalado por hechos vinculados a la construcción de otras 44 viviendas e infraestructura para la misma localidad.
La fiscal adjunta Mónica García sostuvo que ambos habrían obtenido un beneficio económico indebido para sus empresas, lo que habría generado un perjuicio para las arcas municipales.
Antecedente
La causa tiene como antecedente la condena del exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, quien en abril de este año reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso.
En el marco de un acuerdo abreviado, Montanaro aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta. Según recordó la Fiscalía, en ese acuerdo el exjefe comunal admitió haber recibido fondos de más y haber entregado sumas superiores a las que correspondían a empresarios involucrados en las obras.
Por otra parte, uno de los imputados en la investigación, Longinos Pacífico De Dios, presentó un certificado médico que le impide asistir a las audiencias, por lo que el avance de la acusación se concentró en los otros dos empresarios.
