El debate volvió a instalarse en la comisión de Derechos Humanos, donde se analizan dos proyectos de reglamentación. Uno fue impulsado por la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, y el otro por el diputado del MPN Claudio Domínguez.
Durante la reunión, tomó fuerza la propuesta del MPN, que plantea realizar los testeos dentro de la Legislatura mediante pruebas rápidas, durante los días de sesiones o de reuniones de comisión, en lugar de recurrir a un laboratorio externo.
Aunque Domínguez no participó del encuentro, su iniciativa fue defendida por las diputadas Ludmila Gaitán y Cielubi Obreque.
El proyecto establece que cada legislador deberá ser sometido, como mínimo, a un examen cada dos meses. Además, contempla que, de manera excepcional durante 2026, se contrate en forma directa a un laboratorio o equipo técnico para colaborar con la implementación de los controles.
Diferencias sobre el mecanismo
La propuesta recibió respaldo de distintos bloques. La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) sostuvo que el proyecto de Domínguez es “más completo” y pidió avanzar sin más demoras para demostrar “voluntad política”.
En la misma línea, María Cecilia Papa (Democracia Neuquén) calificó la iniciativa como “espectacular”. En cambio, el proyecto impulsado por Zulma Reina no consiguió respaldo dentro de su propio espacio.
La presidenta de la comisión, Yamila Hermosilla (Comunidad), manifestó su preferencia por realizar los controles en la propia Legislatura y rechazó la posibilidad de establecer una ventana de 24 horas para la realización de los estudios.
Como argumento, señaló que un margen de tiempo podría facilitar maniobras para alterar los resultados, al mencionar la utilización de sueros, una práctica que —según indicó— se conoce en controles realizados a trabajadores petroleros.
Por su parte, Gerardo Gutiérrez (MPN) fue el único legislador de su bloque que manifestó reparos sobre ambos proyectos y sostuvo que todavía le generan dudas.
La reglamentación sigue pendiente
La comisión tenía la posibilidad de emitir despacho y dejar la reglamentación lista para ser tratada en las sesiones previstas para el 29 y 30 de julio, luego del receso legislativo.
Sin embargo, al no alcanzarse un consenso, esa posibilidad quedó descartada. Salvo que se convoque a una reunión extraordinaria, el tratamiento en el recinto se trasladaría a las sesiones del 12 y 13 de agosto.
Críticas desde la izquierda
El diputado Andrés Blanco (FIT-PTS) fue el único que cuestionó de fondo la iniciativa. Recordó que el tema volvió a la agenda durante el debate por la reforma de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y magistrados, cuando advirtieron que la ley de testeos aún no se había aplicado.
Blanco sostuvo que los exámenes toxicológicos “no evitan la mala praxis política” y calificó la norma como una medida “demagógica”. Además, advirtió que la prolongada discusión termina “banalizando el tema de los consumos problemáticos”, al considerar que los recursos deberían destinarse a políticas de prevención y asistencia.
También expresó su preocupación por el posible uso político de los resultados de los controles y afirmó que esa información podría derivar en “carpetazos” entre dirigentes.
Fuente: Medios
