La medida quedó formalizada luego de que concluyera el correspondiente proceso administrativo, en el que se garantizó el derecho de defensa del efectivo y se reunieron las pruebas necesarias para determinar su responsabilidad.
El ahora ex cabo primero Darío Alejandro Sáenz Peña tenía una licencia que finalizó el 18 de julio de 2024. Sin embargo, una vez vencido ese plazo no retomó sus tareas ni explicó los motivos de su ausencia.
Frente a esa situación, la Policía inició un sumario disciplinario que incluyó la recolección de pruebas y la declaración indagatoria del efectivo.
Tras analizar el expediente, el Tribunal Disciplinario Policial concluyó que el suboficial incurrió en una falta prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y recomendó aplicar la sanción de destitución por cesantía. La propuesta fue elevada por la Jefatura de Policía al Poder Ejecutivo, que finalmente resolvió concretar su expulsión de la fuerza.
De acuerdo con la documentación oficial, Sáenz Peña no presentó recursos para impugnar la sanción una vez notificado. Además, entregó el armamento y el resto del equipamiento provisto por la institución y tampoco ocupaba una vivienda oficial.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la conducta del efectivo resulta incompatible con las obligaciones y responsabilidades que debe asumir un integrante de la fuerza policial, por lo que correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria prevista por la normativa vigente.
Otra cesantía reciente
La expulsión de Sáenz Peña se suma a otra medida similar conocida a fines de junio.
En ese caso, el cesanteado fue el cabo Denis Martín Novoa, quien acumulaba 93 días de arresto policial por distintas faltas disciplinarias cometidas entre junio y noviembre de 2024.
Según el decreto oficial, también registraba múltiples sanciones administrativas y una suspensión de empleo por 16 días.
Además, Novoa continúa siendo investigado en una causa judicial por la presunta falsificación de un certificado médico, expediente que tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Neuquén.
Con estas decisiones, el Gobierno provincial ratificó la continuidad de la política de depuración del Estado, orientada a sancionar a los agentes públicos que incumplen las obligaciones inherentes a sus funciones.
Fuente: Medios
