La Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para la mujer acusada del homicidio de Nelson Walter Ayilef Millapan, de 68 años, ocurrido el pasado 10 de julio en el barrio Suelco. La medida fue adoptada durante la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía imputó a la acusada por el delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía.
Durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Forti, junto al funcionario judicial Julián Forti, expusieron los elementos reunidos hasta el momento en la investigación y solicitaron que la mujer permanezca detenida mientras avanza el proceso.
La investigación
Según la acusación, el hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada del 10 de julio en una vivienda del barrio Suelco. Tras un llamado de alerta, efectivos policiales llegaron al lugar y fueron recibidos por la imputada, quien aseguró que su pareja se había autolesionado.
Sin embargo, al ingresar al inmueble encontraron a Nelson Walter Ayilef Millapan con una profunda herida cortante en el cuello, sentado en una silla y con escasos signos vitales. Minutos después, el personal de salud confirmó su fallecimiento.
La hipótesis del Ministerio Público
La Fiscalía sostuvo que la versión de un supuesto suicidio quedó descartada por las pruebas recolectadas en la escena.
Entre los principales elementos mencionados se encuentran la ubicación del arma homicida, hallada a unos 15 metros de la víctima sin rastros de arrastre, y las limitaciones físicas que presentaba Millapan, quien tenía una importante afección motriz en su brazo derecho, circunstancia que, según la acusación, hacía prácticamente imposible que pudiera provocarse una lesión de esas características.
Además, la investigación incorporó testimonios que describen a la víctima como una persona pacífica, con problemas de movilidad y alcoholismo, mientras que vecinos y allegados señalaron que la imputada ejercía maltrato físico constante, retenía su documentación personal y administraba sus haberes jubilatorios.
También se incorporaron declaraciones que describen a la mujer como una persona con antecedentes de conductas agresivas en el barrio.
Los fundamentos de la prisión preventiva
Al resolver la audiencia, el juez declaró legal la detención y ordenó el traslado de la imputada al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) para cumplir seis meses de prisión preventiva.
El magistrado consideró acreditados tanto el riesgo de fuga, debido a la pena en expectativa —que podría ser de prisión perpetua—, como el peligro de entorpecimiento de la investigación, al valorar las presuntas maniobras para ocultar el arma utilizada y la posibilidad de que la acusada pudiera influir sobre testigos que aún deben declarar.
La investigación continuará durante los próximos meses mientras la imputada permanece detenida.
